TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Productores de granos básicos dudan y aseguran que no existe capacidad de explotar las tierras ociosas que existen en el país ante lo dispuesto en un decreto aprobado por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
“Ese es un discurso demasiado esperanzador, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) está pobre; el Instituto Nacional Agrario (INA) lo siento yo que los que lo representan están como el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), que como que quiere desaparecer”, manifestó a EL HERALDO el titular de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Granos Básicos de Honduras (Prograno), Dulio Medina.
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Agregó que “tan débil está el sector representativo de la parte estatal, donde no hay una herramienta que responda, no existe ni el personal ni tampoco el equipo técnico para ir a explotar las tierras ociosas, hay que ser claros en el país”.
Como muy esperanzador catalogó el productor de que todas las tierras del Estado deberán de estar listas, en particular aquellas que se encuentren en condiciones para producir.
Indicó que “si hablamos de tierras ociosas son tierras que hay que irlas a preparar, entonces, ¿cuándo vamos a venir a producir? Tal vez el siguiente año por esta temporada”.
En el marco del Plan de Seguridad Alimentaria se ordenó al INA, la SAG y el Instituto de la Propiedad (IP) identificar las tierras ociosas para ponerlas a trabajar en la siembra masiva de granos básicos, hortalizas al igual que frutas.
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Solo cabe la compra
Sin embargo, la disposición del gobernante ha generado suspicacia y críticas en varios sectores. A criterio del abogado Juan Carlos Barrientos, la Constitución de la República establece que el INA tiene la capacidad de identificar tierras que están ociosas, pero no las puede confiscar, sino que lo que se hace es comprar estos predios al propietario, llegando a un acuerdo. En una entrevista concedida a este rotativo advirtió que la entidad “no tiene capacidad de expropiación si no es a través de pago porque de otra manera sería una confiscación de bienes, que está expresamente prohibida en la Constitución; solo puede haber confiscación cuando el bien tiene un origen ilícito a través de un trámite judicial”.
El procedimiento consiste en que el Estado tiene que nombrar un perito de común acuerdo con las partes, tasar el valor del inmueble y pagarlo, de lo contrario sería inconstitucional, detalló el catedrático universitario.
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Expropiación de bienes
De acuerdo con el artículo 349 de la Carta Magna, “la expropiación de bienes con fines de reforma agraria o de ensanche y mejoramiento de poblaciones o cualquier otro propósito de interés nacional que determine la ley, se hará mediante indemnización justipreciada por pagos al contado y en su caso, bonos de la deuda agraria”.
“Los bienes expropiables para fines de reforma agraria o de ensanche y mejoramiento de poblaciones, son exclusivamente los predios rústicos y sus mejoras útiles y necesarias que se encuentren adheridas a los mismos y cuya separación pudiera menoscabar la unidad económica productiva”, subraya el artículo 350 constitucional.
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EL HERALDO conoció que el decreto ejecutivo que contiene la Declaración de Prioridad Nacional del Sector Productor de Alimentos crea el Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y dentro de sus principales medidas ordena a la Dirección Nacional de Bienes Nacionales el poner a disposición de la SAG bienes fiscales, nacionales y ejidales que teniendo vocación agrícola estén ociosos para ponerlos de inmediato a producir. Al cierre de esta edición, este decreto no había sido publicado en La Gaceta, por lo que se desconocían los alcances de esta iniciativa.
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Financiamiento
“El financiamiento al productor es clave y crucial porque tiene su tierra ociosa, no la está trabajando por la falta al acceso al crédito, asistencia técnica para saber cuál es el cultivo apropiado que puede sembrar en determinada zona, condiciones climáticas y acceso al agua”, manifestó la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Anabel Gallardo, a EL HERALDO.
Insistió que “hay muchos productores que por problemas de cambio climático y pérdidas de cultivos, la gente pierde sus créditos, no los pueden pagar y muchos están en la Central de Riesgos y esa es una condición por la cual se deja de producir”.
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Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (Anach), Ramón Navarro, comentó a este rotativo que sí hay un decreto para que todas las tierras que están incultas (sin cultivos) pasen a disposición, pero de los campesinos similar a lo contemplado en el decreto 8-1972 cuando se le otorgó predios a los labradores en el gobierno militar del general Oswaldo López Arellano. “Los campesinos cuando tienen tierras y los elementos necesarios estamos en la disposición de dar nuestro sacrificio porque de eso vivimos”, sostuvo. El dirigente campesino recomendó que aquellas tierras que tiene arrendadas la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se deben de poner también en funcionamiento en beneficio del agro.
