Tegucigalpa, Honduras.- El informe “Extorsión bajo la lupa: A dos años del estado de excepción”, divulgado por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), establece que alrededor de 304 mil hogares hondureños continúan siendo víctimas de la extorsión, a pesar del estado de excepción implementado por el gobierno hace dos años.
El informe derivado de un análisis documental, solicitudes de información, entrevistas y una encuesta de victimización y encuestas con expertos, indica que la tasa de victimización por la extorsión pasó del 9 por ciento en 2022 al 11.6 por ciento en 2024.
El estado de excepción que inició el 6 de diciembre de 2022, por la presidenta Xiomara Castro, como una “guerra contra la extorsión” ha sido prorrogado 16 veces y se ha convertido en un modelo de seguridad cuestionado por sus resultados limitados y el impacto en los derechos ciudadanos.
A pesar de las medidas implementadas, 3 de cada 10 hondureños se sienten menos seguros bajo esta política.
Sin embargo, mientras el número de hogares afectados sigue creciendo, las denuncias y detenciones por extorsión han disminuido significativamente.
En 2021 se registraron 1,923 denuncias, pero en 2024, la proyección con los casos registrados hasta septiembre indica que el número descendió a 484. Las detenciones por este delito también reportaron una disminución, de 461 en 2021 a 175 en 2024.
En los últimos dos años, ocho departamentos del país, incluyendo Intibucá, Choluteca, y Atlántida, han experimentado los mayores aumentos en tasa de victimización, con Intibucá liderando con un 18.22 por ciento.
Preocupa además que hasta septiembre de 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), reportó más de 600 denuncias por violación a los derechos humanos vinculadas al estado de excepción.
Por otra parte, según expertos consultados, de las 40 acciones contempladas en el Plan Antiextorsión, solo cinco han sido implementadas parcialmente, como la creación de masas técnicas interinstitucionales, y la capacitación de operadores de Justicia.
Sin embargo, acciones clave, como el fortalecimiento de unidades de inteligencia y reformas al Código Penal, siguen pendientes.
