Tegucigalpa, Honduras.- Preocupados se encuentran los representantes de organizaciones de derechos humanos debido a que persisten las amenazas, hostigamientos y vigilancia en contra de las personas que son beneficiarias de medidas cautelares.
Entre los organismos que han mostrado su preocupación se encuentra el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), y sus autoridades denunciarán ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que estos problemas persisten al igual que la falta de investigaciones diligentes.
Ante esa situación, hacen un llamado a las autoridades hondureñas para que atiendan con seriedad esta problemática.
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, indicó que las recomendaciones de la CIDH tienen que ver, por un lado, por la visita in situ que realizó en el 2023 y por otra, para constatar, en la reciente visita, las medidas de protección de algunos defensores, especialmente de los miembros del Comité Municipal de Bienes Comunes de Tocoa.
Una misión de la CIDH, liderada por la comisionada Andrea Pochak, relatora para Honduras, realizó una visita de trabajo a Honduras, entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre pasado, con el objetivo de avanzar en la creación de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones emitidas en su último informe y dialogar con personas beneficiarias de medidas cautelares.
Cáceres declaró que la CIDH, en su último informe, recomendó fortalecer el Mecanismo de Protección y, en la visita que acaban de realizar, reiteran algunas recomendaciones y hacen énfasis en que se adopten las medidas de protección a favor de los defensores de los derechos humanos.
Algunos sectores han cuestionado que el personal del Mecanismo no tiene las competencias necesarias para hacer las diligencias de los casos, que el organismo ha tenido varios directores y que en la actualidad no hay noticias de que se haya seleccionado a un nuevo director.
Otra de las denuncias es que, pese a que la Comisión Interamericana ha dictado medidas cautelares para beneficiar a defensores de derechos humanos, aún hay casos que no se han adoptado, situación que pone en riesgo su integridad física y su vida.
En el informe se señala que la Comisión recibió información directa de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, en Tocoa, con relación a la persistencia de actos de amenazas, hostigamientos, vigilancia y violencia en su contra.
Asimismo, advirtieron la ausencia de investigaciones diligentes de la violencia en su contra a lo largo de los años. Según la CIDH, el Estado debe atender de manera urgente la situación de desprotección que enfrentan las personas beneficiarias de medidas cautelares.
Para que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor sin temer actos de violencia, es indispensable que el Mecanismo de Protección cuente con recursos económicos suficientes y mejorar su capacidad de gestión para que se puedan cumplir los planes de seguridad establecidos. Otro punto alertado por las personas beneficiarias ante la CIDH es la falta de respuesta efectiva por parte de la justicia respecto de los graves hechos de violencia y amenazas a que han sido sometidos, incluso de asesinatos.
