Un equipo de agentes del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) va detrás este viernes de más contratos gubernamentales relacionados al caso del cartel de los Cachiros, en el que han resultado salpicadas figuras políticas de Honduras.
La inspección se realiza en la secretarías de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), su dependencia Fondo Vial, y MiAmbiente -antiguamente conocida como Secretaría de Recursos Naturales (Serna)-.
La operación tiene como objetivo secuestrar más documentados ligados a la adjudicación de obras por parte de estas instituciones a la organización criminal de tráfico de drogas, cuyos líderes se entregaron de forma voluntaria a Estados Unidos en el 2015.
El Ministerio Público decomisó a inicios de abril al menos 22 contratos que los Cachiros firmaron con Insep, Fondo Vial y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) valorados en un total de 115 millones de lempiras.
El escándalo explotó a inicios de marzo pasado cuando el exjefe del cartel, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró en una audiencia en Estados Unidos contra el hijo del expresidente Porfirio Lobo, Fabio Lobo, acusado de conspirar para traficar drogas.
En este testimonio reveló que los dirigentes de la organización criminal acordaron financiar la campaña de Lobo para el 2009 -en la que ganó- a cambio de suscribir contratos con instituciones del gobierno, hecho que ha negado el exgobernante.
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