La Ley del Transporte en el artículo 38 establece que ninguna unidad del transporte público podrá circular sin certificado de operación, sin embargo todos los buses ejecutivos que operan en esta ciudad no portan este documento.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO se impuso la tarea de encontrar un bus ejecutivo que cumpliera con ese requisito que establece la ley pero no encontró ni un bus cuyo conductor mostrara un permiso de operación que acreditara que la unidad que conducía estaba autorizada para prestar servicio ejecutivo y cobrar 11 lempiras de tarifa.
Todos circulan con la documentación de los buses regulares que suplantaron, cuyos permisos de operación establece claramente que los días de semana deben cobrar nada más tres lempiras de tarifa, los domingos L. 3.50 y además deben circular de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
El desorden en el servicio ejecutivo es tal que los motoristas de estas unidades en algunos casos no andan ningún documento, otros lo que muestran son los recibos de la compra del bus y algunos sacan una constancia de la alcaldía capitalina donde pagaron 7,000 lempiras por permiso de rótulo.
Hay quienes muestran una deteriorada constancia firmada por el asesor legal de la Dirección General de Transporte (DGT) donde se menciona que el dueño del bus solicitó un cambio de categoría. Pero lo más común es que los motoristas saquen el certificado de operación del bus regular que sustituyeron.
Requeridos
En un operativo las autoridades detuvieron al bus especial E009, placa AAL 9300. El conductor expuso a las autoridades que no andaba ningún certificado de operación argumentando que su patrón lo estaba gestionando.
Ante el temor de que le decomisaran el bus, el motorista comenzó desesperadamente a llamar por teléfono, momentos después le pasaba el móvil a la autoridad, quien mantuvo una actitud muy profesional y de respeto a ley.
Lo mismo ocurrió con el bus número 927 con placa AAL 8977, el conductor inmediatamente mostró a la autoridad el permiso de operación del bus regular que sustituyó y que portaba, según el registro de la DGT, la placa AAI 7834, color amarillo, propiedad de Carlos Humberto Matamoros López.
“Todos los buses del denominado servicio ejecutivo andan ilegales y lo que muestran es un correlativo”, explicó una de las autoridades.
Agentes de Tránsito que estuvieron asignados a la DGT, relataron que en los operativos muchas veces detuvieron a estas unidades ejecutivas que andan sin permiso de operación, minutos después les llamaron por teléfono de la Dirección del Transporte ordenándoles dejarlas trabajar en paz, en una clara violación de la ley.
Legislación
El artículo 38 de la Ley de Transporte establece que “ninguna unidad de transporte público podrá circular sin certificado de operación, que deberá exhibirse en lugar visible de la cabina del vehículo, so pena de una multa de 50 lempiras”.
Además este artículo deja claro que las autoridades de la DGT tienen prohibido extender certificados de operación provisional.
La violación de este artículo es evidente, los buses ejecutivos no tienen un certificado de operación que los acredite como tal, con una tarifa de 10 u 11 lempiras, con un horario y una ruta.
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Transporte, en los acuerdos de certificado de explotación y en los permisos se establecerán las condiciones básicas en que se prestarán los servicios públicos.
En cualquier momento el Poder Ejecutivo podrá modificar dichas condiciones cuando lo demandare el interés público”.
El artículo 10 del Reglamento de la Ley del Transporte también aclara que en el transporte urbano solo hay dos clases de servicio: regular y rápido; también plantea el servicio expreso, pero entre ciudades del interior del país.
El artículo 36 dice: en el certificado de operación se consignarán los siguientes datos: número del registro del certificado de explotación o permiso, ruta autorizada, categoría del servicio; fecha de vencimiento del certificado, de operación y del seguro; características del vehículo automotor y demás datos pertinentes a juicio de la Dirección General del Transporte”.
Ilegalidad
De acuerdo con el profesional del derecho Adalid Irías, la Dirección de Transporte tiene la obligación de garantizar el servicio público de transporte, velando porque éste se preste de acuerdo a las condiciones de continuidad, regularidad, eficiencia, seguridad y comodidad para los usuarios.
Sin embargo esta dependencia de Soptravi no está cumpliendo con sus obligaciones y actualmente tiene “un desastre” en el servicio de transporte público.
Esta entidad no está haciendo nada para generar un servicio de calidad a los usuarios, por eso los buseros incumplen los horarios establecidos en los permisos de operación, las rutas, las estaciones y la tarifa.
“Blas Ramos en vez de mejorar el servicio popular lo que está haciendo es sustituyéndolo por unidades que cobran 11 lempiras de tarifa”.
“Ramos actualmente es el mayor mercadólogo de los buses rapiditos (o ejecutivos)”, criticó Irías. Este profesional del derecho está seguro que los buses ejecutivos están operando ilegalmente; primero, porque el artículo 10 del reglamento de la Ley de Transporte establece claramente que en el transporte urbano solo hay dos clases de servicio: regular y rápido.
El servicio ejecutivo, bajo ese concepto, está fuera del marco de la Legislación. La Ley de Transporte habla de un servicio expreso, pero deja claro que es entre ciudades del interior del país.
Además, si existe un decreto ejecutivo o un acuerdo ministerial que permita la migración de los buses urbanos regulares a ejecutivos también sería inconstitucional porque violentaría un derecho de la población.
“No creo que haya una resolución que establezca que los buses populares sean cambiados poco a poco a unidades ejecutivas permitiéndoles que pasen de cobrar 3.00 o 3.50 lempiras a 10 u 11 lempiras, eso sería un trancazo de este gobierno a la ciudadanía”, explicó Irías.
“Aquí se inventaron el servicio ejecutivo, que de ejecutivo no tiene más que el alto costo. Este es un servicio que se impuso por intereses creados de un monopolio”.
Las rutas, los buses populares, los amarillos, los que usa el marginado, la gente de escasos recursos que somos la mayoría de los capitalinos, y que debe garantizar la DGT, prácticamente están desapareciendo.
La DGT sí puede poner una nueva modalidad de servicio, pero sin afectar el servicio regular. Para esto se requiere un estudio encaminado a conocer si la gente puede pagar una onerosa tarifa, “pero no venir a la brava a quitar los buses amarillos y ponerlos a trabajar como unidades ejecutivas”.
El permitir que estos buses estén circulando con constancias de cambio de categoría o con los certificados de operación de los buses regulares que suplantaron, “es fomentar la ilegalidad, es un abuso de autoridad de parte del director del transporte”.
Además, si les están pagando el subsidio, entonces transportistas y director están “cometiendo doble dolo”.
“Todo funcionario que se sale fuera del marco de la ley puede ser enjuiciado civil y criminalmente por abuso de autoridad, por incumplimiento del deber de los funcionarios, entre otros delitos”, añadió el jurista.
“Aquí todo está bien claro, el servicio ejecutivo implementado en la capital es ilegal, y una parte afectada puede impugnar, presentar un recurso de amparo a ese tipo de modalidad porque viene en clara competencia desleal a los buses de la ruta de transporte normal, que es el servicio popular, legalmente establecido y protegido por ley”.
Si alguien presenta un recurso de amparo y este es declarado con lugar, los buses denominados ejecutivos que andan cobrando once lempiras tendrán que volver a operar como buses regulares.
En todo caso, el Ejecutivo y el Legislativo tendrían que tomar una resolución y dejarlos operar como ejecutivos cobrando once lempiras, lo que significaría legalmente el desaparecimiento del transporte normal, sería un golpe para los capitalinos.
Todo mundo sabe que si en estos momentos no se hace nada, el denominado servicio ejecutivo tarde o temprano sustituirá a todos los buses populares, yo le pongo un tiempo de seis meses a un año.
“Lo que uno ve es que las autoridades de la Dirección de Transporte, de forma abusiva, están permitiendo que paulatinamente de forma disfrazada se sustituyan los buses normales y se cambien las rutas en detrimento de los usuarios”.
“Quien está fomentando la ilegalidad es la Dirección del Transporte porque si yo pongo un bus a trabajar y la autoridad responsable no me dicen nada, sigo trabajando.
Actualmente el director del transporte más bien anda promocionando esas rutas de buses en actitud canallesca, prácticamente con una desfachatez y una ilegalidad terrible”, criticó Irías.
