TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El abogado Luis Fernando Padilla señaló que su cliente, Camilo Alejandro Atala Faraj, ha demostrado su oposición “al uso de sanciones penales en casos de difamación”, ya que incluso “el año pasado hasta pagó la multa en beneficio de la persona que lo difamó”.
En un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, el abogado Padilla detalla que el “Sr. Atala Faraj cree que es necesario modernizar la ley nacional para proteger mejor el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los comunicadores sociales”, por lo que “pide respetuosamente al Congreso Nacional que considere la importancia de dicha reforma”.
El 29 de enero de 2019, tras ganar un juicio contra María Luisa Borjas, quien lo difamó con un documento fraudulento como parte de una campaña mediática para promover su propia candidatura política, Atala Faraj pidió inmediatamente al Tribunal, antes de que decidiera la sanción, que no le impusiera ninguna forma de reclusión.
En el comunicado, el abogado Padilla informó que mañana (hoy) en el Tribunal, a pesar de la grave difamación que sufrió Atala Faraj, apoyarán la moción para que “se restablezcan los derechos de ciudadanía de María Luisa Borjas y hoy aprovechamos la ocasión para llamar otra vez a la reforma legal”.
Indicó que “mañana (hoy) pediremos al tribunal que nos permita pagar la multa, lo que no sólo demostrará una vez más el rechazo consecuente y de principios del Sr. Camilo Atala Faraj a la criminalización de la difamación, sino que también, esperamos, creará conciencia nacional sobre la importancia de que la sociedad cambie la ley en este sentido”.
“El Sr.Atala Faraj cree que es necesario modernizar la ley nacional para proteger mejor el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los comunicadores sociales”, enfatizó.
Este es el comunicado compartido en su cuenta de Twitter:
Comunicado
Declaración del abogado de Camilo Alejandro Atala Faraj: “El Congreso Nacional debe modernizar la ley para que la difamación no sea un delito penal, sino un asunto civil.”
Mi cliente, Camilo Alejandro Atala Faraj, ha demostrado muchas veces en los últimos tres años que, por principio, se opone al uso de sanciones penales en casos de difamación - el año pasado hasta pagó la multa en beneficio de la persona que lo difamó.
Su posición coherente se demostrará de nuevo mañana, en el Tribunal. Quiere llamar la atención sobre la importancia de que el Congreso Nacional reforme la ley, para que la difamación no tenga castigos penales, sino que sea un asunto civil, para proteger mejor la libertad de expresión y a los comunicadores sociales.
Cabe recordar que el 29 de enero de 2019, tras ganar un juicio contra la persona, María Luisa Borjas, que lo difamó con un documento fraudulento como parte de una campaña mediática para promover su propia candidatura política, el señor Atala Faraj pidió inmediatamente al Tribunal, antes de que decidiera la sanción, que no le impusiera ninguna forma de reclusión.
Era suficiente, dijo, con que las mentiras y la falsificación hubieran sido expuestas y que la verdad hubiera sido claramente probada en el tribunal. De hecho, con la esperanza de evitar acciones legales, mi cliente había ofrecido originalmente resolver el asunto de manera amistosa, sólo para establecer la verdad, pero su oferta fue rechazada.
En febrero de 2019, cuando el tribunal decretó la sentencia, emitimos otro comunicado del que se informó de la siguiente manera:
“La sentencia contra la diputada Borjas es aceptable porque no dará lugar a la reclusión, dice el abogado de Atala”.
“... El abogado [del señor Camilo Atala Faraj] indicó que la sentencia emitida es aceptable, ya que permite que la culpable no ‘sea sometida a limitación o privación de libertad, ya que puede suspender o conmutar la pena’, dijo en un comunicado”.
Posteriormente, cuando María Luisa Borjas no pagó la multa para conmutar la pena, mi cliente mantuvo su posición contraria a la utilización de la prisión en un caso de difamación, y por ello en ningún momento se solicitó la ejecución de la sentencia.
El año pasado, en abril de 2021, el Sr. Atala Faraj realizó una acción extraordinaria y concreta en oposición al uso de sanciones penales en casos de difamación:
La nueva situación se produjo cuando María Luisa Borjas fue nuevamente demandada por injurias y calumnias, por alguien aparentemente vinculado a su mismo partido político, en relación a sus elecciones internas.
El efecto legal de esa nueva demanda en su contra fue activar el caso anterior y generar así una orden de captura porque ella nunca había pagado la multa para conmutar la pena.
Debido a su oposición a la cárcel o a las sanciones penales por un caso de difamación, y aprovechando la ocasión para sensibilizar al país sobre la necesidad de una reforma legal, el Sr. Atala Faraj emprendió la extraordinaria acción de que él, víctima de la más extrema y ofensiva difamación, pagara la multa de la persona que le difamó. El 8 de abril de 2021 emitimos la siguiente declaración:
“Mañana pediremos al tribunal que nos permita pagar la multa, lo que no sólo demostrará una vez más el rechazo consecuente y de principios del Sr. Camilo Atala Faraj a la criminalización de la difamación, sino que también, esperamos, creará conciencia nacional sobre la importancia de que la sociedad cambie la ley en este sentido. El Sr.Atala Faraj cree que es necesario modernizar la ley nacional para proteger mejor el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los comunicadores sociales.
La difamación no debería ser un delito penal. Debería ser un asunto civil, con sanciones sólo civiles y no penales. “Y para ser claros, al impedir el castigo, también estamos demostrando que el único interés del Sr. Atala Faraj era establecer la verdad, nunca fue buscar castigo o venganza, y lo está demostrando de la manera más concreta. Los testimonios y las pruebas presentadas en el juicio, y luego la sentencia, lograron todo lo necesario: demostrar la verdad”.
Desde el primer momento, en enero de 2019, en la declaración en la que mi cliente expresó su satisfacción y reivindicación por la sentencia, y también su oposición a cualquier pena que implicara cárcel o confinamiento, el señor Atala Faraj dejó clara su posición.
Esto es lo que se dijo hace más de tres años: “Nuestro propósito primordial de este proceso legal se ha logrado plenamente, se logró incluso antes del fallo, por la evidencias y testimonios, y ha recibido además todo el peso de la Ley por este fallo.
“A través de este proceso judicial se ha comprobado claramente la falsedad del documento calumnioso leído por la entonces candidata, ahora Diputada María Luisa Borjas. En este proceso jurídico, las evidencias comprobaron que todo este asunto fue generado por un documento falso.
O sea, no solamente que las calumnias fueron falsas, que es lo más evidente, pero que el propio documento, supuestamente un informe oficial, fue falso. “Nuestra victoria quedaba aún más contundente dado que el tribunal recibió los testimonios expertos de las mismas oficiales de la policía que tenían la responsabilidad directa para la investigación, quienes mostraron que no solamente fue un documento falso, pero que su falsedad fue evidente.
“Segundo, es importante notar que la defensa de la Diputada Borja jamás argumento que las calumnias fueron ciertas, sino que aceptó que las calumnias que intentaron vincular falsamente a mi cliente con el caso de Berta Cáceres carecen de cualquier sustento, ya que incluso la misma Diputada Borja reconoció que la falsedad de las calumnias debe ser evidente a todos que han prestado su atención. “Es importante señalar que jamás ha sido el motivo de mi cliente de limitar la libertad de la expresión, que debe ser ampliamente protegido.
“Finalmente, dado que el interés propio de mi cliente ha sido únicamente establecer la verdad y que nunca ha existido ningún deseo que la persona culpable tenga que sufrir cualquier pena de cárcel, se espera que la honorable Corte pueda encontrar, siempre dentro de la Ley y en conformidad con sus importantísimos deberes de velar por la justicia y el interés público, que haya una alternativa misericordiosa para la persona culpable. En todo caso una resolución misericordiosa sería la preferencia y el deseo de mi cliente, y es la misma que buscamos y ofrecemos previo al fallo, siempre que no significaba aceptar un daño mayor al bienestar público y al interés superior del país”.
Y hoy, en marzo de 2022, la posición expresada por mi cliente hace tres años, de que su objetivo no era la venganza, sino sólo desenmascarar las mentiras y demostrar la verdad, muestra también por qué el año pasado el propio Sr. Atala Faraj pagó la multa en beneficio de María Luisa Borjas, para que no sufriera ninguna privación de libertad, y aprovechó también para llamar por la reforma legal.
Y esto demuestra por qué mañana en el Tribunal, a pesar de la grave difamación que sufrió mi cliente, apoyaremos la moción para que se restablezcan los derechos de ciudadanía de María Luisa Borjas y hoy aprovechamos la ocasión para llamar otra vez a la reforma legal.
El principio es claro: incluso con una difamación tan extrema como la que tuvo lugar en este caso, no debería ser un delito penal. Debería ser un asunto civil, con sanciones sólo civiles y no penales.
El Sr. Atala Faraj cree que es necesario modernizar la ley nacional para proteger mejor el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los comunicadores sociales. Pide respetuosamente al Congreso Nacional que considere la importancia de dicha reforma.
