TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estados Unidos tendría el interés de “injerir en el proceso de negociación de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH)“ en el país, advirtió el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina.
“Parecía más bien un interés de los Estados Unidos de injerir en alguna forma en el proceso de negociación y eso nos preocupa porque la CICIH, y lo ha dicho la presidenta, debe ser independiente, autónoma e imparcial”, declaró Reina durante una entrevista para el programa Frente a Frente.
La reacción se originó después de que presuntamente el alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mr. Eric Jacobstein, solicitara “cambios potenciales” en la Ley de Amnistía para la instalación de la CICIH y cuestionara el “compromiso” de Honduras con el país norteamericano.
En ese sentido, el funcionario hondureño expresó que Jacobstein divulgó información confidencial sobre las negociaciones del mecanismo anticorrupción. Por lo tanto, reveló que el gobierno manifestó su “preocupación”.
“Hemos manifestado nuestra preocupación de como el señor Jacobstein tiene información interna de lo que hemos conversado porque se supone que esta información no debe salir”, explicó Reina.
A criterio de Reina, desde el gobierno sí plantean hacer reformas y revisar la Ley de Amnistía o Decreto 04-2022, pero sin ser influencias por factores externos que tengan “un visión política diferente”.
“No tenemos problema en que si es necesario hacerle reformas puntuales, como tal una amnistía debe de ser dirigida a los temas políticos y estamos en eso no hay problema”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sobre los señalamientos de beneficiar a exfuncionarios del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), reiteró que la amnistía contempla casos “ligado a las persecuciones políticas que se dieron durante el Golpe de Estado y que hubo gente que salió al exilio perseguida con acusaciones falsas es esa amnistía la que se ha aprobado”.
“Se revisará la amnistía que se dio para el Golpe de Estado en caso para los que las víctimas que tuvieron y si hay dudas sobre eso no tenemos problema en negociar eso no hay problema”, respondió ante los cuestionamientos de Naciones Unidas al denominado “Pacto de Impunidad”.
Asimismo, el canciller rechazó cualquier “evaluación externa”, pues aseguró que violenta el “principio de decisión” en asuntos internos, en este caso para la instalación de la CICIH en Honduras.
Departamento de Estado de EUA aseguró que Ley de Amnistía impediría trabajo de la CICIH
Mediante un informe ejecutivo de agosto de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos mostró su preocupación por la situación de Honduras en cuanto a inversión y lucha contra la corrupción, centrando su mirada en la Ley de Amnistía.
“Una amplia Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2022 probablemente impediría que la comisión anticorrupción investigara un número significativo de casos y hasta qué punto la CICIH sería independiente y tendría autoridad de investigación”, concluyó la institución.
Muchos denominaron la ley como pacto de impunidad 2.0, debido a que deja libre a varios exfuncionarios de Manuel Zelaya acusados de delitos no políticos.
Aunque reconoció esfuerzos del gobierno de Xiomara Castro, EE. UU. presentó una postura de preocupación luego de escuchar a inversionistas en el país que se acercaron a la embajada.
En una de sus primeras consideraciones establecen que “los inversionistas informan que el rápido ritmo de los cambios legales y regulatorios, los persistentes mensajes gubernamentales que culpan al sector privado por la pobreza, la corrupción del país y la falta de un análisis riguroso de costo-beneficio que sustente la formulación de políticas económicas han creado un clima de incertidumbre” y que esto “ha impulsado una caída de la inversión privada y la creación de empleo”.
Asimismo, fue la coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, afirmó que tanto la Ley de Amnistía y el Código Penal les preocupa, por lo que pedirán al gobierno revisarlo para instalar el mecanismo anticorrupción y seguir con el procedimiento.
