TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El informe sobre índice de percepción de corrupción presentado por -Transparencia Internacional y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) no cayó bien dentro del Poder Ejecutivo y se ha desacreditado lo contendido en el reporte.
En primera instancia fue el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, quien desacreditó el informe que tiene a Honduras como uno de los cuatro países más corruptos de América.
“¿Quién es ASJ y quién es Transparencia Internacional? Tienen sus sesgos y prejuicios políticos”, adujo el funcionario.
Este día, el canciller Eduardo Enrique Reina también ha reaccionado luego que EL HERALDO le consultara lo que piensa de lo detallado por Transparencia Internacional y ASJ.
El diplomático fue por la misma línea y dijo que la ASJ debe ser evaluada por el pueblo hondureño.
“Debería hacerse una encuesta sobre cómo percibe el pueblo a la ASJ después de todos los procesos en que avaló al narcoestado de JOH”, inició diciendo.
Reina se preguntó sobre lo hecho por la ASJ en el mandato de Juan Orlando Hernández y se cuestionó “dónde quedó la depuración policial, el tema de la justicia... Todo probó ser un desastre”.
A su vez, opinó que es la ASJ quien debe ser analizada por su trabajo y restó credibilidad a lo hecho por ellos.
“Esa encuesta de Transparencia Internacional pierde credibilidad con un vocero de ese tipo. Es como un cinismo mágico que ellos sean los que evalúen. ¿Y a ASJ quién los evalúa?”, cerró.
De su lado, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, opinó sobre los resultados del informe y coincidió en que la elección del fiscal general y adjunto debe ser legal, como lo cita ASJ junto a Transparencia Internacional.
“Estamos esperando la elección de un fiscal con 86 votos, pero hasta el momento no hemos visto eso... Se debe hacer algo contra la corrupción”, sostuvo la diplomática.
El informe de Transparencia Internacional ubica a Honduras como el cuarto país más corrupto del continente por detrás de Venezuela, Nicaragua y Haití.
En dicho reporte se atribuye los índices de corrupción en el crecimiento de la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, ataques a la prensa y organizaciones que buscan la trasparencia y rendición de cuentas, lo que representa un “debilitamiento de los controles y equilibrios”.
