TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que enviarán al gobierno de España la documentación sobre Fernando Suárez Ramírez, implicado en el caso Pandora, con la finalidad de desechar el asilo político que le fue otorgado.
“Cancillería presentará al Gobierno de España información de Fernando Suárez Ramírez por caso Pandora, acusado de 85 delitos de malversación de caudales públicos, 12 de fraude y apropiación.
Suárez solicitó asilo a España pero es prófugo de la justicia, no víctima de la injusticia”, afirmó el vicecanciller Antonio García. Suárez abandonó el programa de testigos del Ministerio Público en 2020 y partió a El Salvador, donde se dio su captura el martes 12 de julio; al momento que las autoridades se aprestaban a entregarlo a Honduras, comunicaron que finalmente no lo harían por el asilo que le otorgó España.
El vicecanciller García explicó que harán todas las gestiones para que Suárez enfrente a la justicia hondureña. El diplomático explicó que compartirán a otros países un listado de corruptos hondureños para que no soliciten asilos o residencias, como sucedió con Ebal Díaz y Ricardo Cardona, a quienes se les otorgó la nacionalidad nicaragüense. Ambos exfuncionarios son investigados por la Fiscalía por supuestos actos de corrupción.
Antecedentes del caso
El hondureño, de 41 años y profesión abogado, residía desde hace algún tiempo en El Salvador, lugar al que se trasladó luego de cometer los múltiples delitos de los que se le acusa.
De acuerdo al sistema de Interpol, el sospechoso tiene dos órdenes judiciales pendientes y notificación roja, gracias a la cual se pudo realizar su arresto.
La primera orden fue emitida el 20 de julio del 2018, por el Juzgado de Letras Natural Designado, por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad, fraude, uso de documentos públicos falsos, prevaricato, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
La segunda orden de arresto fue extendida el 24 de noviembre del 2021, por el Juzgado de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, por suponerlo responsable de 12 delitos de fraude, 85 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos públicos falsos.
Según el expediente investigativo, en 2005, el ahora capturado era el apoderado legal de una fundación con sede en Islas de la Bahía; permitiéndose sustraer 15 millones de lempiras de una cuenta de la fundación, los cuales fueron transferidos a otras cuentas para pagar tarjetas de crédito, gastos personales y emisión de cheques para algunos familiares.
