TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La principal sospecha detrás de la decisión de Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, es la protección y blindaje de personajes cercanos al poder, políticos y funcionarios del gobierno para que no sean extraditados.
La medida ha provocado un cisma y la inquietud entre los diversos sectores de la sociedad debido a que el tratado permitió la extradición de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), por sus vínculos con el narcotráfico y de al menos 60 capos de la droga.
EL HERALDO consultó a expertos constitucionales y analistas políticos para entender las razones que hay detrás de la decisión.
El abogado constitucionalista, Oliver Erazo planteó: “Lo más probable es que algún familiar de la familia Zelaya esté bajo pedido de extradición. Si el tratado funciona tan bien, ¿por qué cancelarlo? ¿No será que lo que les preocupa es la posible extradición de narcotraficantes vinculados con Xiomara Castro?”
La hipótesis es respaldada por el también abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, quien señaló que “no se puede descartar esta posibilidad, ya que las solicitudes de extradición entran a través de la Cancillería. A veces, el canciller puede decidir no enviar ciertas solicitudes y solo transmitir aquellas que considera pertinentes”.
Proceso tras la denuncia del tratado
A las 2:00 de la tarde de este miércoles, la presidenta Xiomara Castro anunció en la red social X que había instruido al canciller Enrique Reina para que denunciara el tratado de extradición con Estados Unidos.
Para formalizar este trámite, “la Cancillería solo tiene que informar al Departamento de Estado sobre la denuncia del tratado, y eso es todo”, explicó el constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
Aclaró que, dado que esta decisión es soberana, Estados Unidos no puede rehusarse a aceptarla.
“No es cuestión de si Estados Unidos quiere o no aceptar, simplemente se trata de una decisión soberana de Honduras”, añadió.
Para completar esta decisión, Honduras envió una carta formal de denuncia a la Embajada de Estados Unidos.
Sobre el particular, el canciller Enrique Reina, aseguró que “es falso que exista una orden de extradición de funcionarios de la actual administración”.
La denuncia no es vinculante
El abogado Barrientos señaló que la denuncia del tratado no afectará a los casos de extradición que ya están en curso. “Esto aplica para los casos futuros, no para los pasados”, indicó.
EL HERALDO, ante una posible solicitud de extradición relacionado con el círculo cercano de Casa Presidencial, consultó al Poder Judicial para verificar si habían recibido solicitudes recientes.
La respuesta fue que “no se ha recibido ninguna solicitud en el último mes”.
Los expertos advirtieron que esta medida podría ser apresurada y que podría causar daños a la imagen y estabilidad del país.
