Tegucigalpa, Honduras.- Al Centro Penal de Támara fue remitido esta noche el hondureño Alexander "Chander" Ardón Soriano, luego de que el juez que conoce su caso le dictara detención judicial.
Tras la audiencia de declaración de imputado, el exalcalde de El Paraíso, Copán, fue trasladado de los Juzgados capitalinos hacia el reclusorio.
La audiencia inicial contra Ardón Soriano quedó fijada para el próximo jueves 10 de abril a las 8:30 de la mañana.
¿De qué acusan a Alexander Ardón?
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó este lunes un requerimiento fiscal contra el líder del Cartel “AA”, Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias “Chande” y su hermano Hugo Alfredo, a quienes se le supone responsable de la comisión del delito de lavado de activos en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.
De acuerdo a diligencias del año 2017 de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el Cartel “AA” operaba desde aproximadamente 2003 en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de activos.
A pesar de sus orígenes modestos, Alexander y Hugo Ardón construyeron una vida de lujo, adquiriendo grandes palacios, vehículos de alta gama y fincas dotadas de majestuosidad, producto de ganancias ilícitas de la droga.
Los hermanos Ardón fueron vinculados con reconocidos narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo” y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes creo alianzas criminales que extendieron sus operaciones en Honduras. Alexander Ardón también estableció vínculos con las más altas esferas políticas y policiales del país, como quedó evidenciado en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández.
Conforme al análisis financiero-patrimonial de los hermanos Ardón Soriano, no se les conoce fuentes de financiamiento lícitas con documentación soporte con la cual puedan justificar más de 50 millones de lempiras (L. 50,173,258.72), monto utilizado para adquirir propiedades y constituir empresas, bienes que al no poder justificar deberá responder ante la justicia hondureña.
