Tegucigalpa, Honduras
La escogencia del personal auxiliar es la piedra en el zapato para que los nuevos órganos jurisdiccionales en materia de corrupción y extorsión comiencen finalmente a funcionar en el país.
La operación de las nuevas instancias judiciales está a punto de comenzar, según confió a EL HERALDO el presidente de las dos comisiones de selección, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Bustillo Romero.
“Falta finalizar el proceso de selección de los auxiliares, ya está avanzado en un 80 por ciento (el proceso)”, dijo el funcionario judicial.
Anunció que será a finales del mes de agosto o a mediados de septiembre que las autoridades del Poder Judicial juramentarán a todo el personal seleccionado: jueces, magistrados, auxiliares y otros.
El magistrado aseguró que ya tienen listo hasta el presupuesto de estos dos circuitos, el cual saldrá de las arcas del Poder Judicial.
Este poder del Estado tiene un presupuesto de 2,176 millones de lempiras.
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Las autoridades en varias ocasiones han instado al Congreso Nacional para que apruebe el total del tres por ciento del presupuesto general que constitucionalmente le corresponde, frente a la necesidad de la creación de estos dos circuitos.
A esto se le suma la intención de las actuales autoridades del Poder Judicial de abrir más juzgados en las diferentes ciudades del país.
Con la puesta en marcha de estos juzgados, el Estado hondureño pondrá a trabajar todo el aparato de justicia a fin de judicializar cada uno de los casos de corrupción y extorsión que se reporten.
Y se fortalecerá la institucionalidad del país en combate a estos dos flagelos que han tenido de rodillas al pueblo hondureño.
El Congreso Nacional aprobó el año pasado una reforma por adición de la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, que le dio paso a la creación de los tribunales para aplicar justicia en caso de delitos de corrupción pública y extorsión.
La reforma fue un requerimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y formó parte de los acuerdos entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno para facilitar sus ejes de acción en el país.
Entre los delitos que juzgarán los circuitos incluye: abuso de autoridad, fraude, cohecho, soborno y falsificación de documentos, entre otros.
Estos eran evacuados por juzgados ordinarios, los cuales en años anteriores eran engavetados produciendo impunidad en el país. Con la puesta en marcha de estos dos circuitos se agilizará la judicialización de casos de corrupción y extorsión.
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Edificios
Otro de los retrasos que ha sufrido el proceso tiene que ver con la búsqueda de los edificios donde funcionarán estos juzgados.
Sobre este extremo, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, dijo que “ya los tenemos contratados a efecto de que podamos proceder tal como se está haciendo la remodelación de los mismos y dejar esos espacios físicos adecuados para el funcionamiento de estos circuitos”.
Manifestó que cada uno de los edificios cuenta con las garantías de seguridad para los jueces a fin de resguardar la vida e integridad física de los funcionarios que ostenten el grado de jueces y magistrados en estos juzgados.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José María Díaz, quien también forma parte de una de la comisiones de selección, reconoció que la elección de los edificios ocasionó un retraso en la puesta en marcha de ambos juzgados.
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La sociedadespera que los nuevos funcionarios puedan someter a la justicia a extorsionadores y corruptos de casos emblemáticos que quedaron en la impunidad. |
“Cuando ya se tenían listos los contratos de arrendamiento de los edificios, los dueños cancelaron porque se arrepentían por miedo a que sus bienes inmuebles fueran deteriorados”, indicó Díaz.
Sin embargo, aseguró que ya se cuenta con los inmuebles.
El de antiextorsión funcionará en la avenida La Paz, al lado de la sede de la Contraloría del Notariado, mientras que el de anticorrupción será en el antiguo edificio del Comisionado Nacional de Administración Tributaria en la colonia Alameda.
Personal
Los funcionarios que conformarán estos nuevos órganos jurisdiccionales fueron debidamente certificados, es decir que se sometieron a una serie de pruebas de confianza para comprobar su idoneidad tanto personal como profesional para optar a cada uno de los cargos.
Cada circuito estará integrado por nueve funcionarios, es decir, un juez de letras, cuatro magistrados de Corte de Apelaciones y cuatro jueces de los Tribunales de Sentencia.
Aunque también se le suma el personal auxiliar, que constituyen 18 cargos para los juzgados anticorrupción y 22 para los de antiextorsión.
Con la aperturade estos juzgados, los tribunales de sentencia se verán más despojados de carga judicial. |
En el caso del juzgado anticorrupción; inicialmente comenzarán a funcionar en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Y en el de materia antiextorsión igualmente funcionarán en estas ciudades y La Ceiba.
En las tres ciudades anteriores habrá un juez de letras, mientras que la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Sentencia se ubicarán en la capital de la República.
En el caso de los juzgados anticorrupción ejercerán la jurisdicción en todos los casos que judicialice en todo momento el Ministerio Público con la veeduría de la Maccih.
