TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de que le quedan 21 meses al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, los hondureños no creen que se cumpla con la promesa de traer una Comisión Internacional contra la Corrupción e la Impunidad en Honduras (CICIH) dada la poca voluntad política que muestra su gobierno.
La ciudadanía tiene claro que la gestión del mecanismo antimafia comenzó mal desde el momento que el Congreso Nacional aprobó el decreto legislativo 04-2022 publicado en el diario oficial La Gaceta el 4 de febrero de 2022.
Este decreto de amnistía política incluyó delitos de corrupción, y tenía como fin favorecer a miembros corruptos del partido Libertad y Refundación (Libre) en la cárcel y otros que eran perseguidos por la justicia.
Las misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que desde mayo de 2022 han visitado Honduras, en los memorándum de entendimiento con la representación del gobierno de Castro, han dejado claro que para apoyar con una misión anticorrupción se debe eliminar el decreto de amnistía -más conocido como pacto de impunidad-, a lo cual el Legislativo se resiste, ni tampoco ha querido aprobar la ley de colaboración eficaz, eliminar la inmunidad de los diputados y reformar el Código Penal, entre otras exigencias del organismo internacional.
Lejos de mostrar interés por cumplir las demandas, más bien desde el gobierno se han vertido agrios ataques contra organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras que se han atrevido a cuestionar el nepotismo en la actual administración. Incluso, arremetieron contra la representante de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, por el apoyo a las organizaciones sociales.
Por otro lado, la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) eliminó los tribunales anticorrupción, un esfuerzo promovido por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), cuyo convenio fue firmado en enero de 2016 y fue expulsada el 10 de diciembre de 2019.
Sin CICIH a corto o mediano plazo
De acuerdo con Julieta Castellanos, socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), no se han visto acciones contundentes que pueda llevar a los hondureños a pensar en la instalación de una CICIH a corto o mediano plazo, más bien hay políticas de gobierno y de Estado que contravienen cualquier iniciativa que se oriente a convencer a Naciones Unidas de que hay interés en que venga ese grupo de trabajo.
Comenzando por la falta de interés en derogar el pacto o decreto de impunidad, con el cual se ha beneficiado a personas que estaban acusados y otros que inclusive tenían sentencia por casos de corrupción del gobierno del 2006-2009.
Por otro lado, los nombramientos del fiscal general y el fiscal adjunto, donde desde la misma OEA se pronunciaron planteando que debería elegirse tomando en cuenta lo que dice la Constitución, sostuvo la exrectora.
Además, afirmó que lo más reciente es lo que sucede en la de la CSJ con la manipulación en la Sala Constitucional para mantener su control.
Otra línea, detalló, tiene que ver con la misma renuncia de Edmundo Orellana de la Secretaría de Transparencia, la cual pasó a ser una entidad bastante gris.
Por otro lado, están las denuncias que hay de irregularidades en el gobierno, aparte del nepotismo y de las contrataciones directas como la de una empresa guatemalteca para generar energía eléctrica en la costa norte. “Entonces difícilmente Libre va a querer que esos temas sean investigados”.
Otra línea de dudas viene porque no hay interés de derogar las leyes que ha pedido las Naciones Unidas, así como de reformar otras y crear nuevas normativas para impulsar la lucha contra la corrupción, agregó.
Otras acciones gubernamentales que alejan la posible llegada de la CICIH es la insistencia del gobierno en financiarla, cuando esta independencia debe ser sostenida con apoyo internacional.
También está el punto es la intervención del Ministerio Público en las decisiones de la CICIH. Al debate y análisis se suman las últimas propuestas emanadas desde el Congreso Nacional. La diputada oficialista Hortencia Zelaya presentó la semana pasada el anteproyecto Ley Especial para la Comisión Especial contra la Corrupción e Impunidad en Honduras.
La misión se define, en esta iniciativa, como un querellante autónomo con atribuciones y facultades excepcionales para investigar, acusar y llevar a juicio a las redes de corrupción públicas y privadas.
Sin embargo, “entiendo que en esa iniciativa en el punto del querellante autónomo es el fiscal general el que va a acreditar quién deberá desempeñar ese papel”. Además, en la propuesta se define una vigencia de cinco años para la CICIH.
Esos son elementos que no ayudan ni frente a Naciones Unidas ni generan confianza en la opinión pública. De la misma manera, la ONU no va a retroceder en aquellos criterios que le resten libertad de acción y autonomía, sostuvo Castellanos.
De acuerdo con el abogado Kenneth Madrid, al paso que este gobierno camina, la CICIH no va a poder ser operativa en esta administración.
“Aquí no solo se trata de Libre, prácticamente la responsabilidad de que no se instale la CICIH es toda la clase política. Yo no he visto que los diputados de la oposición hayan presentado algún anteproyecto de ley encaminado a derogar todas las demandas planteadas por Naciones Unidas, No lo hay. No negocian, ni están tratando de que esos mecanismos se deroguen, que se reforme el Código Penal”, cuestionó Madrid.
De acuerdo con él, “los esfuerzos no alcanzan, porque el esfuerzo es que usted quiere hacerlo, pero no existe la voluntad política completa para poder llevarla a cabo. Mostrar voluntad política es tratar de cumplir lo más rápidamente con todos los requisitos que está demandando las Naciones Unidas”.
Entre tanto, para Fátima Mena, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), el país necesita una comisión de lucha contra la impunidad y la corrupción con el suficiente poder para desmontar y desarticular las estructuras criminales y las redes de corrupción que operan en el país, pero por lo visto el actual gobierno no quiere ceder a ello.
Mena criticó la actitud del Poder Ejecutivo de declarar en secretividad las negociaciones de la CICIH, cuando la sociedad tiene todo el derecho de saber qué es lo que están acordando ya que ello repercutirá sobre el tema de justicia.
Para la dirigencia de la clase obrera, la CICIH es una aspiración de la sociedad y una intención del gobierno.A criterio de Daniel Durón, veterano dirigente obrero, es importante que el gobierno avance lo más rápidamente posible en el tema de una misión contra la corrupción internacional que sea de soporte a la institucionalidad del país.
“Todos sabemos que tenemos enormes dificultades en materia de impartición de justicia, así que necesitamos un ingrediente externo que tenga una visión y actuación imparcial”, reflexionó.
Según Durón, este apoyo internacional puede ayudar a combatir estos flagelos que le han hecho demasiado daño al país, que ha sobrepasado la capacidad de los operadores de justicia ya sea por intereses políticos o de otra índole.
Para el dirigente obrero, la impartición de justicia es un problema estructural en el país por eso es necesario y urgente una misión internacional “que nos ayuden, que nos indiquen, inclusive que denuncien, que tenga capacidad de autonomía de denuncia para decir las cosas que no se han hecho bien y cuales no se están haciendo bien”.
Por otro parte, el también dirigente obrero José Luis Baquedano considera que mientras el gobierno sigue sin cumplir una promesa de campaña, Honduras sigue siendo señalada como uno de los países más corruptos del mundo, por lo que hay una demanda social de adecentar la administración pública y los entes operadores de justicia, que son esos organismos de control que deben de tomar acciones en el país, pero no hacen absolutamente nada.
“Desgraciadamente esos organismos operadores de justicia, llámese Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas o de Cuentos, son dirigidos por políticos. Son los mismos políticos que ponen ahí a sus peones para que no los juzguen, para que no los persigan, para que no investiguen”, deploró Baquedano.
