TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este martes al exsecretario de la Presidencia Ebal Díaz y a otros cinco exfuncionarios más por el proyecto fallido de las casas contenedores para las familias damnificadas durante los huracanes Eta y Iota. La investigación fue denominada como “El ilusionismo de ‘El hombre’ de atrás” y expone un acto de corrupción por más de 69 millones de lempiras.
Tal como lo denunció EL HERALDO a mediados de 2021, cuando en varios reportajes evidenció la falta de transparencia encontrada en todos los procesos en Ciudad Morazán, el CNA dijo a través de un informe que de las más de mil familias que deberían haber sido beneficiadas con el proyecto, solo 23 se encuentran habitando en la zona y de estas, únicamente 10 en realidad fueron afectadas por los huracanes.
Además, Gabriela Castellanos, directora del CNA, explicó que se detectaron múltiples contratos sobre una misma actividad, además del “descarado pago de salarios y el 100% de prestaciones a dos servidores públicos que según la documentación oficial habrían sido contratados ‘ad honorem’” para ejecutar la obra.
Por otra parte, según los documentos revisados, hay 286 contenedores respaldados con su acta de recepción, pero fueron comprados 301, misma cifra por la que fueron emitidos los cheques, por lo que Castellanos preguntó “¿Dónde están los otros 15 contenedores que representan más de un millón 220 mil lempiras?”.
Además, de esos 286 contenedores encontrados solo se utilizaron 118, por lo que los otros 186 no fueron usados, lo que sumado a los 15 que no se sabe dónde están el perjuicio representa L 14,888,338.00.
Los responsables
Este proyecto estuvo a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia por medio de la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP) y la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), como un órgano auxiliar encargado de la parte técnica y sería dirigido a familias que vivían en las orillas del río Choluteca, específicamente, en la colonia Las Brisas, La Betania, Brisas de Santa Bárbara y de otras zonas de riesgo.
Ebal Díaz, quien anunció a finales de 2020 que las viviendas serían construidas, es denominado en el caso como “El hombre de atrás” y sería el líder del caso de corrupción; debajo o al frente a él estarían los demás implicados: Erasmo Virgilio Padilla Carías (exasesor de la Secretaría de la Presidencia), Mario León Goméz Marini (exdirector Técnico UEEP), Óscar Rolando Mendoza (exgerente administrativo y adquisiciones UCP) y Dino Francisco Rietti López (exgerente de proyectos Residencias Morazán).
“Este proyecto nació en el marco de los programas “Fuerza Honduras”, “No Están Solos” y “Honduras se levanta”, pero dejó a miles de familias con las esperanzas en el aire”, detalla el CNA.
Sin condiciones para habitar
El informe del organismo de sociedad civil explica que tras visitar el proyecto se constató que los contenedores no son aptos.
“Se llenaron los bolsillos a costas del hambre y la miseria del pueblo hondureño”, dijo Castellanos, al comenzar a detallar el millonario perjuicio económico. “Este hombre (Ebal) modeló al lado de los contenedores y hasta se hizo grabar en el recorrido, pero cuando ya no pudo sustentar el fracaso de este proyecto simplemente se lavó las manos, tal como hizo con los 90 hospitales que nunca se construyeron”, agregó.
Sueldos y prestaciones
El 7 de marzo de 2020, Erasmo Virgilio Padilla Carías fue nombrado por Ebal Díaz como asesor de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia mediante acuerdo ejecutivo n.º 004-B-SP-2020. Este acuerdo señala que desempeñaría su cargo de manera ‘ad honorem’, pero recibió la suma de cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta lempiras exactos (L 484,940.00), correspondiente al 100 % de los derechos y prestaciones laborales.
Por otro lado, Mario León Goméz Marini, fue nombrado como exdirector técnico de la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP), el 7 de marzo de 2020 por Ebal Díaz, mediante el acuerdo ejecutivo número 004-A-SP-2020, donde también se especificó que sus servicios eran sin goce de salario, pero se verificó que recibió 110,000.00 lempiras mensuales como sueldo.
Revelaciones de EL HERALDO
Como se mencionó anteriormente, este rotativo denunció hace varios meses lo evidenciado hoy por el CNA. El 3 de julio de 2021, en el reportaje “Proyecto fallido: casas contenedores para damnificados de Eta y Iota”, La Unidad Investigativa de EL HERALDO Pus reveló que el gobierno no destinó la obra a la institución encargada de desarrollar la política de viviendas en Honduras, que es la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda), en su defecto se lo otorgó a la UCP, que dependía de la Secretaría de la Presidencia.
Además, evidenció que los arquitectos Mario León y Dino Rietti fueron separados de sus cargos en junio de 2021, quienes ahora son mencionados en la investigación del CNA.
El equipo de EL HERALDO además visitó constamente la zona en la aldea Santa Rosa, kilómetro 12, municipio del Distrito Central, encontrando que por la falta de planificación y estudios se retrasaba la obra. En el mismo reportaje se detalló que el proyecto debía estar listo en febrero de 2021, luego, según autoridades, la fecha se movió para mayo, pero evidentemente no se cumplió ninguna.
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Posteriormente, el 21 de julio, siempre este medio de comunicación denunció el conflicto que había en el sector de Lomas del Diamante, donde se instalaban las casas contenedores, pero que presuntamente el predio pertenecía a propietarios privados.
El señor René Alberto Flores llegó a EL HERALDO con documentos que lo acreditaban como dueño de más de 115 manzanas de tierra ubicadas donde se ejecutaba este proyecto. De igual forma, indicó que los lotes del Estado están en un sector denominado Monte León, pero están en un cerro, que no lo quieren aceptar por las condiciones geográficas. Es así que sin seguir el protocolo y aclarar la situación, policías llegaron al sector arbitrariamente para continuar con la construcción.
Además, tras la denuncia de EL HERALDO de que la empresa Ecomac S.A de C.V. (la encargada del proyecto) ejecutaba la obra a un precio inicial de 16.3 millones de lempiras, pero debido a los atrasos y las modificaciones se incrementó el monto sin que hubiera rastro de cómo se ejecutaban los gastos, el Instituto de Acceso a la Información Público (IAIP) llamó a la Secretaría de la Presidencia para efectuar la debida rendición de cuentas, pero no hubo respuesta. Ante esta situación se inició la investigación que ahora da como resultado el informe del CNA.
Un día después de la nueva denuncia de este medio de comunicación, Ebal Díaz hizo uso de su cuenta de Twitter para responder a nuestra publicación mostrando los distintos diplomas de reconocimiento otorgados por el IAIP por el cumplimiento a la Ley de Transparencia.
Tras estos hechos las investigaciones, tanto del Ministerio Público (MP), como del CNA continuaron, dando lugar a que el pasado mes de enero, Díaz volviera a reaccionar negando cualquier acusación.
‘Quiero decir contundentemente, Ebal Díaz cuando fue secretario de la Presidencia nunca transfirió ni autorizó ni un lempira ni cincuenta centavos a favor del proyecto residencial Morazán’, aseveró.
’Tampoco participé en procesos de licitación para procesos de compra ni siquiera de un clavo, de un alfiler o de un tornillo’, reiteró Díaz.
Además, aseguró que hay ‘detrás de todo esto, un ataque masivo que miente tanto y que creo que ha sorprendido al Ministerio Público porque los fiscales han tomado esta información totalmente inexacta que viene de invasores de oficio y de pícaros que andan con títulos de propiedad que quieren quedarse con un terreno que es del Estado’.
’De lo que sí soy responsable es de haber coabyuvado a recuperar un terreno de 207 manzanas que lo había perdido prácticamente y que hoy ya está en poder del Estado para desarrollar un proyecto habitacional de caracter social, quiero enfatizar eso, decir que lo que veo es mala intención en el manejo de la información’, reiteró.
Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigaciones del CNA, dijo que esperan que se emitan requerimientos fiscales contra Díaz y los otros cinco exfuncionarios, quienes deberían enfrentar cargos por los delitos de fraude y administración desleal del patrimonio.
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