TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Todo está casi listo para que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coaliaza) desaparezca.
La institución está a punto de hundirse como el Titanic, pues desde el año pasado está urgiendo de recursos para sobrevivir, pero los llamados de auxilio no se escuchan.
Las autoridades de Coalianza lo saben y afirmaron a EL HERALDO que ya se están preparando para el cierre definitivo, pues ya no tienen dinero para sostenerse.
De todos lados vienen señalamientos de malos procesos de adjudicación de proyectos y concesiones mal estructuradas que le han costado enormes gastos al Estado.
Coalianza nació en el año 2010, mediante el Decreto Legislativo No. 143-2010, que contenía la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada.
Este modelo no es más que una copia mejorada de la ley de las Alianzas Público Privadas (APP) de Colombia, Perú y otros países de Sudamérica.
Desde entonces, las APP comenzaron a ser una realidad en Honduras, pero siempre han generado anticuerpos debido a la falta de transparencia al momento de negociar y entregar los proyectos a privados.
Esta institución se creó con el fin de que fuera autosostenible, porque sobrevive con el 2% del valor de cada proyecto que cobra como tasa por los servicios que presta, según el artículo 29 de la misma ley.
El problema es que desde el año 2017, Coalianza no logra adjudicar un proyecto y las finanzas se le fueron abajo.
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EL HERALDO comprobó que se ha frenado el proyecto de la carretera CA-4 en el occidente de Honduras, a pesar de que ya está adjudicado. Igual pasó con el proceso de concesión de pasaportes, este último se frenará, presuntamente, mediante un decreto enviado al Congreso Nacional.
La desgracia le sobrevino a Coalianza con el contrato del Corredor Turístico, que se declaró fracasado porque no se garantizaba el Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG) o repago.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) condenó que ahora Honduras debe pagar 133 millones de dólares para cancelar el contrato del Corredor Turístico, es decir, más de 3,000 millones de lempiras.
Ahora, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) elevó la voz, pidiendo la desaparición de Coalianza y crear otra institución con mayor beligerancia.
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Severa crisis
Lo cierto es que la institución entró a una crisis irreversible, no tiene dinero para autosostenerse, porque le debe a los empleados el sueldo de diciembre y los aguinaldos y no ha pagado enero de 2019.
El local de San Pedro Sula fue cerrado porque no hay dinero para pagar el alquiler y los empleados quedaron a la intemperie, mientras que en Tegucigalpa desde septiembre no pagan el alquiler del inmueble donde operan.
Sin salida
Miguel Ángel Gámez, comisionado y vocero de Coalianza, afirmó a EL HERALDO que “al no haber proyectos, Coalianza tiene que cerrar”.
“Nosotros estamos preparándonos para entregar todos los archivos y toda la información, porque al no haber aprobación de proyectos y no tener un presupuesto, Coalianza no puede funcionar, nadie trabaja para que lo vean trabajar, todos trabajamos porque tenemos necesidad”, afirmó.
EL HERALDO volvió a preguntarle a Gámez: ¿ustedes ya se están preparando para el cierre?, a lo que afirmó
“sí, definitivo”.
La medida es razonable debido a que la situación es crítica, pues la Secretaría de Finanzas (Sefin) no los ha apoyado en poder pagar los salarios a los 62 empleados de la institución, ni las prestaciones que se dan al finalizar cada año, porque todos los trabajadores son por contrato.
Para el cierre de 2018, Coalianza estaba solicitando a Sefin 40 millones de lempiras, pero estos solo les otorgaron 14, y ahora están rogando, otra vez, por 40 millones de lempiras para pagar enero y las prestaciones a los empleados. El funcionario expuso que “vemos una campaña o un ataque frontal contra las acciones de Coalianza de diferentes sectores y esto hace perder la estabilidad y que no haya un buen ambiente de trabajo”.
EL HERALDO visitó las instalaciones de Coalianza en Tegucigalpa, comprobando la poca actividad. En las esquinas se ven pequeños grupos de empleados y las visitas de inversionistas son nulas.
Sobre los malos procesos, como el Corredor Turístico, Gámez justificó que “a la gente se le olvida que el Corredor Turístico no fracasó, simple y sencillamente por la estructuración, fracasó porque no hay fuente de repago”.
Al mismo tiempo, señaló que esto se dio porque “los revoltosos, estos ñángaras, quemaron las casetas de peaje y al quemarlas y no haber fuente de repago, ningún contratista le va a hacer de regalado
una obra”.
“Desgraciadamente, a nosotros nos ha tocado arrastrar este lastre de que hubo una mala percepción de cómo se hacían los proyectos, pero puedo decirle que la mayoría de las acusaciones son infundadas y responden a desconocimiento de la ley”, defendió.
En la actualidad se trabaja en un informe del estatus de todos los proyectos y que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realice una auditoría, aunque la institución deje de trabajar.
Inversión
Coalianza gasta alrededor de dos millones en pago de salarios y pagos de operaciones, pero en la actualidad no tiene recursos ni para eso.
Los 17 proyectos que entregó Coalianza en los últimos siete años serán supervisados por la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) y las concesionarias.
Sobre las denuncias de que hay preferencias para adjudicar el puerto de Henecán al operador que maneja Puerto Cortés, el comisionado indicó que abrieron las expresiones de interés y si hay terceros interesados se debe proceder al concurso.
“En esto nosotros estamos sumamente preocupados, porque esto lo vemos como un chantaje, como una extorsión, que nos quieren presionar para que por fuerza se adjudique un contrato a X y Y empresa”, señaló.
Quienes deben decidir si Coalianza continúa son la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y el mismo presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
Hasta el momento se desconoce qué planes tienen el gobierno Coalianza.
En siete años, Coalianza adjudicó alrededor de 17 proyectos, con una inversión que supera los 44 mil millones de lempiras.
EL HERALDO intentó conocer los planes que tiene el Ejecutivo para Coalianza por medio del ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, o la SCGG, pero no contestaron las llamadas.