TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) advirtió este martes que el proyecto de Ley de Justicia Tributaria aprobado la madrugada del lunes por el Poder Ejecutivo, extinguirá miles de empleo en el país y además provocará el desmoronamiento de la economía nacional.
Alejandro Kafati fue el encargado de darle lectura al comunicado que establece seis puntos, entre los que destacan la incertidumbre, la erosión de la confianza y la negativa del gobierno para establecer un diálogo porque “un grupo de funcionarios considera a la empresa privada como enemigo y no como aliado”.
Además, expone que el proyecto no fue ampliamente socializado y que por el contrario han sido múltiples los ataques contra la empresa privada.
El Cohep también instó a los congresistas a “no ceder ante las amenazas de persecución por parte de miembros del Poder Ejecutivo, y a actuar con integridad y valentía en representación de sus electores”.
Finalmente, en la conferencia de prensa el sector empresarial también alertó que el mecanismo tributario que se enviará al Congreso Nacional para su aprobación, condicionará el acceso a la canasta básica y volverá a Honduras un país mucho más pobre.
A continuación el comunicado íntegro del Cohep:
“El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ante la reciente decisión de la Presidencia de la República en Consejo de Ministros de aprobar la remisión del Proyecto de Ley denominado “Ley de Justicia Tributaria” al Congreso Nacional de la República, a la ciudadanía en general y a la comunidad empresarial e internacional comunica lo siguiente:
PRIMERO: Como organización cúpula de la empresa privada, hemos intentado establecer un diálogo con el Gobierno de la República a efecto de poder acordar junto con otros sectores de la sociedad hondureña un proyecto de reforma tributaria que permita al país poder mejorar sus indicadores de competitividad en relación con los aspectos tributarios. Sin embargo, no ha sido posible debido a la influencia de un grupo de funcionarios que considera a la empresa privada como enemigo y no como aliado.
Es importante mencionar que se afirma que el proyecto ha sido socializado cuando es evidente que lo que se ha hecho son exposiciones atacando a la empresa privada e insinuando malintencionadamente que emprender es un pecado. Convenientemente, se obvia que son los empresarios quienes más contribuyen con recursos económicos para que la población tenga salud, educación, seguridad y bienestar social.
SEGUNDO: El proyecto de ley que se ha remitido al Congreso Nacional de la República, coloca a Honduras en una clara desventaja competitiva frente a otros países de la región que han enfocado sus esfuerzos en políticas tributarias orientadas a la atracción de nuevas inversiones y generación de empleos.
TERCERO: Reconocemos que el país demanda reformas tributarias profundas, pero estas deben de ir acompañadas del esfuerzo de la empresa privada que permita dinamizar la economía en cuanto a su formalización, ampliando con ello la base de obligados tributarios que permitiría al Estado obtener más ingresos fiscales por medio de las inversiones.
Alertamos a la población hondureña que con este proyecto de ley tributaria se provocará la extinción de miles de fuentes de empleo, el desmoronamiento de la economía, se restringirá el acceso a la canasta básica y se asegurará que Honduras se mantenga como el país más pobre del continente.
CUARTO: Hoy la responsabilidad está en el Congreso Nacional de la República y sus diputados, quienes le deben al pueblo hondureño discutir debidamente este proyecto de ley. Hacemos un llamado a los diputados a no ceder ante las amenazas de persecución por parte de miembros del Poder Ejecutivo, y a actuar con integridad y valentía en representación de sus electores.
Esperamos que este Poder del Estado Sí CUMPLA con su deber de escuchar a los distintos sectores de la sociedad hondureña y no permita la aprobación de un proyecto de ley que no ha sido consensuado y que afecta a tantos ciudadanos.
QUINTO: Es imperativo que el Gobierno comprenda de una vez por todas que su constante hostilidad hacia la empresa privada sólo genera incertidumbre y erosiona la confianza en nuestra economía y en Honduras como destino de inversión. Desde el sector privado, continuaremos esforzándonos por trabajar de manera conjunta, incluso cuando se intenta dividir el país y marginar a quienes buscamos el bienestar común.
SEXTO: Finalmente, recordamos que es el Estado por medio de sus Poderes quien debe de garantizar las libertades de iniciativa, comercio, industria ocupación e inversión sin privarnos del derecho de coexistir democrática y armónicamente a través de las diversas formas de propiedad y empresa como manda el artículo 331 de la Constitución de la República.
Tegucigalpa M.D.C., 25 de abril de 2023”.
¿Qué es la Ley de Justicia Tributaria?
Se avecina una etapa de cabildeo en el Poder Legislativo donde el Partido Libertad y Refundación (Libre) deberá buscar los votos para aprobar la ley, que en estos momentos no ha sido bien recibida por el Partido Nacional y Liberal, mucho menos por la empresa privada.
Desde eliminar los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes, creando dos nuevos orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera, son parte de los alcances del instrumento jurídico promovido por el Poder Ejecutivo.
De las Zonas Libres (Zoli), Régimen de Importación Temporal (RIT), call center, energía renovable, energía térmica, agroindustrial, fomento al turismo, transporte terrestre, Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía (Zolitur) se les derogará los beneficios fiscales que gozan en la actualidad.
A impuestos específicos se otorgarán los dos nuevos regímenes -denominados Zonas Francas y Régimen de Incentivos para las Inversiones para el Desarrollo (Rinde)- por un período máximo de 10 años y con controles para vigilar que los beneficios obtenidos por la sociedad correspondan con la exoneración otorgada.
Además, se establecerá un adecuado marco normativo e institucional para controlar los abusos de las empresas exoneradas. Tanto la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal como suprimir el secreto bancario para fines tributarios que permita el intercambio de información con el resto del mundo se plantea en la nueva legislación que será remitida al Congreso Nacional.
La figura del beneficiario final será aprobada en la referida ley para prevenir que las empresas oculten de sus utilidades a los principales beneficiarios y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad.
