Tegucigalpa, Honduras
El proyecto de decreto que reforma el polémico artículo 335-B del Código Penal fue introducido el martes a la cámara legislativa por el jefe de la bancada del Partido Nacional, Óscar Álvarez.
La propuesta de nueva redacción se expuso el lunes anterior a directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), pero la rechazaron.
De dos artículos consta esta iniciativa que modificará el agregado de esta disposición denominada “Apología e incitación del terrorismo”.
“Quien públicamente hiciera apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, debe de ser sancionado con una pena de cuatro a ocho años”, subraya.
Previo a que se someta a discusión en el hemiciclo, el decreto de modificación de la ley deberá recibir la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Esperamos que esa opinión venga a mejorar el espíritu -de la ley- y sobre todo que quede sin ninguna duda garantizada la libertad de expresión”, manifestó a EL HERALDO el prosecretario del Congreso, Tomás Zambrano.
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Mauricio Oliva, presidente del Legislativo, argumentó que “no está en mi agenda afectar al periodismo hondureño e incluso les dije -al CPH- que buscáramos que esa redacción preservara la libre emisión del pensamiento y que se garantizara el libre ejercicio del periodismo”.
Aseguró que en la reunión sostenida a principios de semana no hubo diálogo, ya que los representantes del órgano colegiado comunicaron que ya habían tomado una decisión, solicitando la revocación del artículo.
El CPH anunció que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en caso de que el CN no derogue la disposición que se encuentra vigente desde el pasado 27 de febrero.
En tal sentido, Dagoberto Rodríguez, presidente de este órgano colegiado, confirmó a EL HERALDO que hasta después de Semana Santa se procedería a presentar la acción legal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al gobierno a que elimine este artículo ya que “podría constituir un mecanismo de censura previa”.
