TEGUCIGALPA
El presidente de la República juramentó a los tres notables que integrarán la Comisión Especial de Depuración que acompañará al ministro de Seguridad, Julián Pacheco, en el proceso de adecentamiento de la Policía.
Los integrantes son: Omar Rivera, coordinador de la Alianza Paz y Justicia (ASJ); Vilma Morales, presidenta de la Junta Interventora del Seguro Social; y el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano. El gobernante también nombró al pastor Jorge Machado y al abogado German Leitzelar como asesores técnicos de esta comisión.
Esta comisión fue creada con base en el decreto legislativo 21-2016, que declara la depuración policial como emergencia.
Esta iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo luego de que EL HERALDO revelara en exclusiva el informe DGPN-DED2-DI-No. 1101-2009, de la Dirección de Inteligencia Policial, que señala que la cúpula policial planeó y ejecutó el asesinato del exdirector de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Julián Arístides González, en 2009.
De igual manera, EL HERALDO denunció que los informes SEDS-IG-1106-2011 y SED-IG-0167-2012, de la Inspectoría General de la Policía Nacional, relevaron que oficiales de la Policía ordenaron en 2011 la muerte del exasesor de la DLNC, Alfredo Landaverde.
La reveladora información que también evidencia la inoperancia de los operadores de justicia para judicializar los casos motivó, además, al Poder Ejecutivo a aprobar en Consejo de Ministros un decreto que autoriza al secretario de Seguridad para aplicar una reestructuración en esa dependencia.
Ambas herramientas se complementan para esta labor que durante un año realizarán los miembros de la comisión de notables.
Los nombres de los notables fueron dados a conocer ayer a las 3:00 de la tarde por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.
A las 5:00 de la tarde Hernández se reunió con el cuerpo diplomático de cooperantes del G-16, a quienes informó sobre el nombramiento de la comisión y los procesos que se establecieron para la depuración. Los depuradores supervisarán las pruebas de confianza que se aplicarán a los miembros de la Policía Nacional para certificar si cumplen con la idoneidad o no.
Los que resulten reprobados serán destituidos, según el decreto legislativo.
Los depuradores
Omar Rivera egresó como ingeniero industrial del Centro Regional del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
En su vida profesional se ha desempeñado en varios cargos dentro de organismos de la sociedad civil.
Desde la APJ, organización que forma parte de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ha demandado la depuración policial e instado al gobierno y al Congreso Nacional para la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de la Policía.
Hace cinco días, en declaraciones expresadas a los medios de comunicación, Rivera exigió respuestas rápidas de este proceso de depuración.
De acuerdo con lo dicho por Rivera, la primera labor que desempeñarán será el análisis del listado que la Secretaría de Seguridad tiene de los posibles depurados.
“La Secretaría de Seguridad ha elaborado un listado preliminar que vamos a revisar para constatar si ahí se encuentra información útil para iniciar nuestro trabajo”, dijo.
El domingo pasado el presidente Hernández reveló que en la lista de posibles depurados ya había 1,400 policías.
Rivera explicó que, además, definirán los protocolos que deberán seguir para poder certificar a los miembros de la Policía.
“Se debe certificar que los policías que forman parte de la estructura estatal son idóneos y dignos de confianza”, manifestó.
Señaló que para dar un resultado pronto y eficiente, fundamentalmente es necesario que se disponga de los recursos del Estado. Pero aseguró que esto no será excusa porque el mismo decreto de emergencia da instrucciones a la Secretaría de Finanzas para poner a disposición los fondos para el pago de las prestaciones laborales.
Para cancelación de las prestaciones de los policías que se retiren o los que sean despedidos y tengan este derecho se necesitarían entre 200 y 500 millones de lempiras que se obtendrían de la colocación de bonos en el sistema financiero nacional e internacional.
Rivera aseguró que “no hay (siente) temor” y garantizó que “aquí no vamos a ir a una cacería de brujas, lo que está claro es que espacio en la Policía Nacional de ahora en adelante solamente hay para quienes cumplan el perfil de idoneidad y gocen de la confianza de las autoridades”.
Por su lado, el pastor Alberto Solórzano es perito mercantil y tiene una reconocida trayectoria al servicio del pueblo evangélico del país.
Solórzano integra la asamblea de directivos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), desde donde ha demandado contundencia en el proceso de depuración de la Policía Nacional.
Garantes
Según el pastor Solórzano, la tarea de los tres miembros será más de observadores que de investigación.
“Nosotros vamos a ir acompañando el esfuerzo (de depuración), no vamos a estar ahí metidos viendo expedientes, ese trabajo va estar a cargo de gente experta, de técnicos que van a estar ahí, y nosotros vamos a acompañar verificando que todo el trabajo se haga en forma adecuada, en forma seria, en forma responsable”, explicó.
Apuntó que el clamor de la población es que se concrete por fin la depuración.
“Creo que hay un clamor de la gente, creo que no es justo que el país siga viviendo estos episodios, que se siga derramando sangre no es justo, los hondureños no podemos seguir en esto”, expresó.
Mientras, Vilma Morales fungió como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2002 a 2009 y actualmente dirige l a Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social Seguro Social.
Morales ha sido responsable de la administración del Seguro y, pese a las mejoras en las finanzas de esta institución, ha sido criticada por los continuos problemas que se originan por la falta de medicamentos y servicios básicos
