Tegucigalpa, Honduras.- Un paso decisivo para blindar la integridad de la niñez y la adolescencia hondureña se comenzó a dar en el Congreso Nacional con el inicio formal del dictamen de una normativa orientada a la protección infantil.
La Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Parlamento arrancó el análisis detallado del proyecto de Ley para la Prevención, Detección Temprana y Atención Integral del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. La iniciativa, integrada por un total de 31 artículos, fue introducida formalmente a la cámara legislativa el pasado 24 de agosto.
Tras completar una fase previa de consultas y mesas de trabajo con diversos sectores sociales e institucionales, los congresistas evalúan si el borrador requiere la adición de nuevos elementos o ajustes técnicos antes de ser elevado al pleno de diputados para su discusión y aprobación final.
"Estamos conociendo la totalidad de los 31 artículos que comprenden esta importante ley e identificando sí, aun con la extensa socialización que se realizó previa a su presentación formal en el pleno, queda algún tema por abarcar o alguna modificación que realizar a este borrador final para luego proceder a su dictaminación y posterior aprobación en el pleno", explicó María José Sosa, vicepresidenta de la comisión legislativa.
El pilar fundamental de este proyecto de ley radica en el diseño e implementación de una ruta nacional de acción interinstitucional. Con este mecanismo se busca erradicar la burocracia y las respuestas tardías ante situaciones de vulnerabilidad, permitiendo activar los protocolos de resguardo desde el momento en que se origine una alerta en el entorno comunitario o institucional del menor.
De acuerdo con lo establecido en la propuesta legal, las denuncias o señales de riesgo podrán ser captadas desde diversos espacios como el núcleo familiar, escuelas, centros de salud u organizaciones religiosas. El protocolo se pondrá en marcha de forma inmediata sin la exigencia previa de evidencias físicas concluyentes para otorgar la asistencia y protección requerida.
"Desde las primeras reuniones con los diferentes actores involucrados se ha mantenido una disposición de apertura para construir una normativa que permita responder de manera inmediata a una problemática que afecta a la niñez y juventud del país", manifestó Sosa, diputada por el departamento de Francisco Morazán.
La falta de coordinación histórica entre los entes de asistencia social, salud y persecución penal ha provocado retrasos significativos en la tutela efectiva de los derechos de las víctimas. La propuesta busca que las entidades estatales actúen de manera simultánea y articulada para que ninguna falla administrativa postergue la atención médica, psicológica y legal de los afectados.
Asimismo, la normativa otorga especial énfasis a la erradicación de los procesos de revictimización en el sistema de justicia e instituciones de auxilio. Para ello, se establece el uso obligatorio de metodologías especializadas e interdisciplinarias que adapten las intervenciones a la edad, condición de vulnerabilidad o discapacidad del menor.
"Se busca reducir al mínimo el número de veces que un menor tenga que relatar lo ocurrido, mediante entrevistas que puedan ser registradas en audio, video y utilizadas por las instituciones correspondientes", indicó la parlamentaria.
La comisión técnica del Poder Legislativo mantendrá las jornadas de revisión del articulado para definir el documento final. Una vez concluida la sistematización de las observaciones, el dictamen será presentado ante la Junta Directiva para ser agendado en el debate del pleno parlamentario.
