TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la polémica surgida tras la aprobación de la ley en el Congreso Nacional, que podría exonerar a presos políticos, encarcelados en el marco del golpe de Estado de 2009 y después de este, muchos sectores de la sociedad se han manifestado en contra de este precepto.
La negativa de la sociedad hondureña radica en que con esta ley podrían quedar en libertad cientos de reclusos que participaron en la comisión de delitos que no necesariamente tuvieron que ver de actos derivados de protestas en pro de la democracia.
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EL HERALDO intentó obtener la posición de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), ante la creación de la llamada “Ley de Impunidad” y su respuesta fue que no se pronunciarían por el momento sobre ese particular.
“Por el momento no tenemos un mensaje que compartir, por el momento no vamos a dar entrevistas sobre el tema”, explicó vía mensajes una oficial de OACNUDH, aduciendo que la representante en Honduras, Isabel Albadalejo, no podría referirse al tema.
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Antecedentes
La publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la ley de amnistía para los presos políticos aprobada por el Congreso Nacional dirigido por el diputado Luis Redondo y sancionada por la presidenta Xiomara Castro ha causado malestar.
La ley en cuestión ha sido denominada por muchos como un “pacto de impunidad”, pues incluye a los funcionarios que desempeñaron funciones durante el gobierno de Manuel Zelaya, quien recibió un golpe de Estado en 2009.
Según la nueva norma, todas las personas que hayan sido condenadas, enjuiciadas o que aún tengan un proceso pendiente deberán ser absueltas.
Dichas personas son: “las que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de Enero 2006 al 28 de Junio 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”; “personas que han ejercido su derecho constitucional a la protesta social”, “personas que han realizado actos en defensa de la soberanía nacional, la democracia, de sus territorios, tierras y fuentes de agua, en beneficio de sus comunidades o en defensa de su patrimonio inmaterial e intangible” y “miembros de los sectores sociales y gremiales”.
