Tegucigalpa, Honduras.- La compra de 30 medicamentos generó al Estado de Honduras una sobrevaloración de más de 95 millones de lempiras, denunció la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
La organización realizó un análisis de las adquisiciones de 383 fármacos realizados mediante “compras directas en el marco de “emergencia sanitaria”, luego de la eliminación del fideicomiso para la compra de medicamentos en 2022.
El proceso de compra analizado por ASJ comenzó el 24 de octubre de 2023 y finalizó el 11 de abril del 2024, un total de seis meses, es decir, 170 días.
Partiendo de estos datos, la organización encontró que participaron menos proveedores en comparación de los procesos de compras directas años 2022 y 2023.
La ASJ encontró que 252 partidas (medicamentos) fueron recomendados para adjudicar. 34 partidas (o medicamentos) resultaron desiertos o no ofertado, 97 partidas (o medicamentos) resultaron fracasados, por incumplimiento técnico, financiero y legal de las empresas ofertantes.
En total fueron 383 medicamentos los comprados, donde ofertaron un total de tres empresas: 115 medicamentos ofertados por la empresa Droguería Americana S.A DE C.V, 114 medicamentos ofertados por la empresa Anphar S.A. DE C.V, 92 medicamentos ofertados por la empresa Droguería Hondutec.
Además, se reveló que dentro de los 34 desiertos, son medicamentos esenciales y se utilizan para tratar dolores, cáncer, arritmias, hemorragias, convulsiones, entre otros.
Empresas adjudicadas presentaron precios de medicamentos que eran hasta más del 500 % superiores a los obtenidos en otros procesos de compras directas.
En relación con la compra directa de 2023, el 38 % de los medicamentos presentó un aumento por sobrecosto. Al compararse con el fideicomiso, el 42 % de los medicamentos también resultó más costoso.
La ASJ concluyó que el proceso de compra evidencia la necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad en los procesos de contratación, constata la organización.
Del mismo modo, instan a dejar las compras directas y retomar las licitaciones públicas conforme a la ley, para asegurar transparencia y eficiencia en la adquisición de medicamentos.
