Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de campesinos que llegó a protestar frente a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) fue desalojado por antimotínes de la Policía Nacional, quienes hicieron uso de gas lacrimógeno y una tanqueta de agua.
Los manifestantes llegaron a la colonia Alameda de Tegucigalpa para exigir la destitución del titular del INA, Javier Talavera, así como reclamos en defensa y respeto de sus tierras.
"Llegamos, nos plantamos y ni nos dejaron desarrollar el programa que tenían las mujeres. Nos reprimieron con gases. Esto es indignante, es indignante lo que está pasando", expresó el dirigente Yoni Rivas a HCH.
Por su parte, el subcomisionado Yuri Espinal explicó que el desalojo responde a que los manifestantes estaban infringiendo la libre circulación "y empezaron a tirar piedras. Tuvimos que utilizar la tanqueta y así dispersarlos".
Más temprano en declaraciones a VTV, Rivas acusó a Talavera de liderar una estructura criminal que opera en la aldea Quebrada de Arena, mencionando que este grupo se encarga de desplazar a cooperativas campesinas.
"El año pasado lo descubrimos asesorando a este grupo criminal. Hoy en este gobierno es ministro y director del INA. Estamos rechazando realmente la gestión de este señor que es aliado de las estructuras criminales, y hemos venido aquí para exigir su renuncia", dijo.
Asimismo, indicó que presentarán todas las acciones jurídicas que han ido desarrollado y recursos interpuestos en los últimos dos meses con respecto a temas de posesión de tierras. A su vez, comentó que Talavera trabaja en beneficio del sector agroindustrial y no de la población en general.
"Su papel es como si fuera un vocero de los agroindustriales, un vocero de los terratenientes y no realmente un ministro-director del INA", reprochó Rivas.
Desde que se aprobó en junio la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, ha habido rechazo por parte de sectores campesinos, denunciando mayor represión en los desalojos.
La ley tiene por objetivo fortalecer la seguridad jurídica y proteger la inversión productiva que se ha visto afectada por las invasiones de tierras.
Sin embargo, ha estado en controversia este instrumento jurídico ya que autoriza a las fuerzas del orden público a intervenir de forma inmediata en caso de huelgas, protestas o manifestaciones públicas, acciones que han sido recurrentes por parte del campesinado.
Además, se endurecen las obligaciones operativas del Ministerio Público y de la Policía Nacional ante la denuncia de invasiones.
Las autoridades judiciales y policiales tienen el deber ineludible de ejecutar desalojos preventivos institucionales inmediatos para neutralizar los efectos de la usurpación, amparados en las herramientas punitivas que confieren el Código Penal y el Código Procesal Penal.
