CHOLUTECA, HONDURAS.-Lo que parecía el secuestro del periodista Jairo Antonio López resultó ser una orden de captura.
Después de un turbulento día y las protesta de los habitantes de la zona sur, el Juzgado de Letras de San Lorenzo, Valle, decidió dictarle medidas distintas a la prisión preventiva. En la audiencia de declaración de imputado, el juez determinó dejarlo en libertad, a cambio de firmar dos veces por semana, no salir del país y no participar en ninguna protesta.
A las 6:30 de la mañana alrededor de 20 agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) rodearon la vivienda del periodista.
Mientras López descansaba, los agentes le comunicaron de la orden de captura y lo llevaron a los Juzgados de Letras de San Lorenzo, Valle.
La noticia se regó como pólvora, debido a que los familiares denunciaron que López había sido secuestrado.
Por los distintos medios de comunicación comenzaron a pedir que le respetaran la vida, debido a que es conocido por sus posiciones combativas.
Minutos más tarde, la Policía Nacional en un comunicado de prensa informó que la captura se llevó a cabo en la colonia José Cecilio del Valle de Choluteca, a eso de las 6:30 de la mañana.
La orden de captura fue emitida el viernes 9 de noviembre por el delito de daños en perjuicio de la Empresa Energía Honduras (EEH).
Trascendió que el comunicador ha participado en las protestas en contra de la empresa encargada del cobro de la energía eléctrica en el país.
En una de las acciones denunciadas fue haberle puesto un mortero al contador de la casa donde funcionan las oficinas de la EEH, en la zona sur del país.
Dentro de la misma orden de captura se incluyó al periodista Óscar Orlando Castro, quien decidió presentarse de forma voluntaria.
Protección
Los organismos de derechos humanos comenzaron a realizar el seguimiento sobre la captura del comunicador, que recientemente laboró para el canal local, Prensa Libre, y transmitía un noticiero por Facebook.
La Secretaría de Derechos Humanos comunicó que López goza de medidas de protección por el Estado de Honduras. Después de una serie de investigaciones, las autoridades corroboraron la orden de captura y solicitaron a los entes de seguridad del Estado garantizarle el debido proceso.
Miembros del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) estuvieron pendientes de todo lo desarrollado en contra del periodista.
El juez que conoció la causa determinó dejarlo en libertad y programar la audiencia inicial para el próximo 23 de noviembre, donde deberá responder por las acusaciones. Familiares y amigos lo esperaron en las afueras del juzgado y celebraron cuando los vieron salir, abrazándolo al considerar injusta la detención.
