TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La comisión especial del Congreso Nacional que supervisa la concesión del contrato del Aeropuerto Palmerola se encuentra en las etapas finales de un informe que presentarán en los próximos días en el Hemiciclo.
Este día sostuvieron una reunión donde recibieron los informes del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Secretaría de Finanzas (Sefin), Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y la Administración Aduanera.
En ese sentido, la comisión integrada por los congresistas Ramón Barrios, Jari Dixon y Netzer Mejía dieron sus primeras impresiones sobre la polémica concesión a Palmerola International Airport (PIA, por sus siglas en inglés).
El primero en pronunciarse fue Jari Dixon, quien aseguró que el Estado de Honduras “no está recibiendo ningún centavo partido por la mitad ni lo va a recibir”, por lo que calificó la concesión como “ilegal”.
“Hemos concluido con la concesión de Palmerola, es un acto completamente ilegal, inmoral, antiético, donde el Estado de Honduras fue el que invirtió a un 90% de esa obra y que hoy no está recibiendo ningún centavo partido por la mitad ni lo va a recibir”, expresó.
Además, agregó que una de las cláusulas del contrato es que el país recibirá el 10% cuando se llegue a 600,000 pasajeros anualmente, cifra que para el parlamentario “está muy lejos”, pues ni sumando todos los aeropuertos se llega a esa cantidad.
“El Estado de Honduras invirtió todo el dinero y el riesgo y no está recibiendo absolutamente nada de ese aeropuerto, es la empresa que se está llevando todas las ganacias cuando solo invirtió el 10%”, criticó el diputado del partido de gobierno.
Por esa misma línea siguió el diputado Ramón Barrios, quien calificó el contrato como “desequilibrado” en perjuicio del Estado, por lo que la comisión asegura que “conlleva a una lesión enormea los derechos económicos socialesde todos los hondureños”:
Por su parte, el diputado Netzer Mejía aseguró que la comisión solicitará una revisión exhaustiva, pues el Estado ha sido el mayor inversor con $126 millones de dólares y 20 millones en exoneraciones para PIA.
Mejía crítico que PIA invirtiera menos que el Estado y que no este no sea retribuido a pesar de haber realizado la mayor inversión.
Asimismo, manifestó que en caso de lograr un “equilibrio” entre las negocaciones que realizará el procurador de la República, Manuel Díaz Galeas, con las autoridiades ejecutivas de concesionaria, el conflicto terminaría ahí.
”No estamos en contra de la inversión privada, contamos con la puerta abierta para negociar”, aseguró el parlamentario.
En caso de no lograr acuerdo, el procurador podría solicitar la nulidad del contrato, adelantó el integrante de la comisión.
