Este mismo grupo económico ya concentra otros negocios en el país que ha sido cuestionado por su transparencia y, además, por que en algunos de ellos la aportación del Estado ha sido muy importante.
Esto es calificado por expertos como una avorazada y abusiva concentración de poder que el CN y el gobierno actual le han concedido al grupo económico, y que ahora se apresta a seguir aprobando otros contratos en la sesión prevista para este miércoles.
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Los contratos se están aprobando a menos de una semana en que se reúna el nuevo Congreso Nacional para los próximos años y a menos de 10 días en que tomará posesión la presidenta Xiomara Castro.
De acuerdo a los informes que han filtrado algunos diputados, los nuevos contratos buscan beneficiar al Grupo EMCO del empresario Lenir Pérez, al que hace 10 días se le otorgó, el contrato de servicios de rayos X de Puerto Cortés por 25.7 millones de dólares por 13 años.
Este grupo concentra a empresas como Palmerola Internacional Airport (PIA), Alutech y Adimex S.A, está última maneja la terminal de carga del aeropuerto Ramón Villleda Morales y de la misma forma también recibió la concesión y administración del aeropuerto Toncontín y de un inmueble en el Puerto San Lorenzo.
En esta ocasión, los diputados le estarían ratificando el contrato de arrendamiento en Puerto San Lorenzo y aprobando una reforma para quitarle todos los requerimientos de permisos a la central eléctrica Sociedad Palo Alto Energy S.A.
Básicamente sería una autorización a una central eléctrica para que utilice combustibles muy contaminantes y delicados para la salud, sin pedir ninguna opinión a la Comisión Reguladora de Energía (CREE).
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Se trata de un multimillonrio negocio de 16 mil millones de lempiras para la generación de energía eléctrica.
Según se conoce, el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) habría dado visto bueno a este proyecto, pero no se han dado los permisos ambientales de la Secretaría de Mi Ambiente.
“Los requerimientos y procesos de autorización para centrales que usan combustibles muy contaminantes deben ser rigurosos por protección de las personas y el ambiente. También dar condiciones indebidamente favorables a unos va en contra de la competitividad”, manifestó el comisionado de la CREE, José Morán.
El sector empresarial ha expresado, en declaraciones a EL HERALDO, que esta serie de beneficios a un solo grupo empresarial es “malísimo” para la competitividad y la atracción de inversiones, ya que en la mayoría de estos contratos el resto de inversionistas no han querido ni participar en licitaciones, como si antemano se conoce quien sería favorecido.
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