Un desarme en el departamento de Colón aprobó ayer el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para solucionar la crisis que se vive en el Bajo Aguán.
La medida será implementada para frenar los enfrentamientos entre campesinos y guardias de seguridad y poner un alto a los grupos armados irregulares que vienen causando miedo e incertidumbre en el sector.
El desarme corresponde a un “programa integral” que el Poder Ejecutivo pretende implementar para garantizar el imperio de la ley en Colón y evitar que continúen las masivas invasiones de tierras y la pérdida de más vidas.
Tras la decisión, adoptada en horas de la tarde en Casa Presidencial, el Congreso Nacional conoció anoche la iniciativa de ley que reforma la Ley de Control de Armas de Fuego, mediante la que podrá efectuarse un desarme general en regiones conflictivas como en el Bajo Aguán.
La iniciativa fue presentada por el secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, y luego turnada a una comisión de dictamen que se encargará de revisar los alcances de la medida.
El proyecto consiste en reformar por adición el artículo 37 del decreto 20-2000 de la Ley de Control de Armas.
La reforma dice que en caso de alteración de la tranquilidad pública, las autoridades darán estricto cumplimento de la ley, incluyendo la suspensión inmediata de los permisos de portación de armas.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas procederán al decomiso de armas de posesión ilegal y a la suspensión de permiso en las regiones que presenten mayor conflictividad. La duración de la medida será determinada por el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el proyecto de reforma incluye un artículo transitorio por el que se suspenden los permisos de portación de armas en el departamento de Colón. Esta disposición tendrá vigencia hasta que el Congreso Nacional disponga lo contrario.
Programa
Adicionalmente, los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad establecieron el envío de funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería, quienes se encargarán de buscar extranjeros involucrados en la crisis para ordenar su inmediata expulsión.
También se contempla la irrestricta aplicación de la Ley de Reforma Agraria estableciendo sanciones para todos aquellos campesinos que han sido beneficiarios de tierra y no la están trabajando.
“Nosotros esperamos que esta semana sea aprobado el decreto del desarme en el Congreso porque en esa zona hay un clamor de que no puede seguir la gente actuando con esa gran cantidad de armas en la zona”, dijo el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
El funcionario reiteró que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad dio por descartada la declaratoria de un estado de sitio en el Bajo Aguán.
Bonilla sostuvo que de ser necesario se procederá a incrementar la presencia de policías y militares en Colón.
“Se va a nombrar una persona responsable de todas las acciones en Colón y a ella van a responder todas las instituciones de gobierno que van a ir al departamento que son Migración, Fiscalía, la Dirección de Transporte y otras, es decir, habrá un trabajo integrado de las agencias de gobierno”, afirmó Bonilla.
