TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP) realiza acciones este martes 28 de febrero en torno a la investigación que se sigue contra una exfuncionaria del Instituto Nacional Penitenciario (INP) señalada por la presunta apropiación de una fuerte suma de dinero.
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Se trata de Karla Patricia Pavón Bustillo, quien formó parte de la interventora del INP y quien según el informe del caso, se habría aprovechado de su posición para apropiarse del dinero que debía servir para indemnizar a los familiares de privados de libertad que perdieron la vida en un incendio registrado en el centro penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
La cifra desviada es de 7,140,529.62 lempiras, los cuales eran parte de la condena que recibió el Estado de Honduras por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se le obligaba a pagar más de 317 mil lempiras a cada familiar, siendo 107 privados de libertad fallecidos en el siniestro ocurrido el 17 de mayo de 2004.
Esto no ocurrió así, pues de acuerdo a la información del Ministerio Público y que fue revelada por EL HERALDO en septiembre de 2021, Karla Patricia Pavón Bustillo hizo uso de una carta poder para cobrar los fondos, los cuales le fueron entregados por medio de 49 cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH).
El Ministerio Público detalló que los fondos fueron utilizados por la fémina para un provecho personal.
De acuerdo al más reciente reporte, existen más de 20 diligencias perjudiciales emitidas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).
¿Alguna familia fue indemnizada?
Según un informe estatal del 13 de enero de 2020, de 193 familiares identificados, 161 ya recibieron su indemnización.
La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus identificó que hasta diciembre de 2019 el Estado hondureño, a través del Instituto Nacional Penitenciario, solo había pagado a los parientes de los presos un total de 17 millones 711 mil 565 lempiras, quedando un saldo pendiente por cancelar de 16 millones 238 mil 434 lempiras, según información en poder de este medio.
En septiembre de 2022, la Atic allanaron la vivienda de Pavón Bustillo en la colonia Miramontes de la capital hondureña con el objetivo de recolectar evidencias para el proceso en contra de la exinterventora.
Y ahora, en el marco de la Operación Poseidón II siguieron las intervenciones por parte de las autoridades.
Otras investigaciones
En el marco de la segunda etapa de Poseidón, las autoridades también detallaron que realizan investigaciones por el caso de “Residencias Morazán” y “Lomas del Diamante”, los proyectos habitacionales de casas contenedores impulsados por el gobierno anterior tras los huracanes Eta y Iota.
Este caso, que también fue develado por EL HERALDO, era manejado por la Secretaría de la Presidencia y el Instituto de la Propiedad (IP) y se anunció que servirían como hogar para los damnificados en la capital.
Bajo una serie de problemas e irregularidades se construyeron 102 vagones y se compraron otra cantidad de contenedores que no se utilizaron debido a que la meta inicial era hacer 10,000 viviendas sociales, muchas a base de este material. Son más de 69 millones de lempiras los que fueron desviados en este caso.
Otros casos a investigar es el de una jueza de la ciudad de Choloma acusada de abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos y la emisión de más de 80 requerimientos fiscales por violencia de género.
