¿Quién debe solucionar la crisis en el Congreso y qué consecuencias tendrá Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos juntas directivas fueron juramentadas este domingo en el Congreso Nacional, una presidida por Jorge Cálix con el respaldo de 79 votos de los demás parlamentarios y otra dirigida por Luis Redondo, con 96 votos, entre ellos, los de varios diputados suplentes.

Una situación nunca antes vista en Honduras, que podría generar una crisis sin precedentes según algunos expertos, pues ambas son reconocidas por diferentes sectores y a la vez repudidadas por otros. Lo que sí es seguro es que no podrán coexistir al mismo tiempo.

Analistas políticos se han pronunciado confundidos ante los hechos, pues afirman que ambas juntas tienen un poco de razón y a la vez fallas en su juramentación.

Para el caso, el abogado Rafael Jerez, asesor de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo que las formas procedimentales se violentaron desde un inicio, por lo que sería difícil asegurar que cualquiera de las juntas posee legalidad en su nombramiento.

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'El error que hemos cometido es que reducimos todo a los votos, pero tenemos que entender que la legitimidad recae en el cumplimiento de todas las etapas constitucionales para crear, reformar la ley y nombrar autoridades. La elección se tenía que cumplir con todos los requisitos que están en la ley orgánica, las votaciones son una parte de ese procedimiento, pero hay tres artículos de la ley orgánica del Poder Legislativo, donde se habla del debate y las formas de votar', comenzó explicando Jerez.

'El artículo 65 habla de que el debate es presidido y conducido por el presidente y en este momento el ministro de Gobernación le tiene que dar la palabra a todos los diputados que la solicitan por orden, lo que pasa es que en otros periodos, como ya va negociado, le dan la palabra a quienes ya tienen todos los votos y se ignora a otros diputados que también tienen mociones qué presentar y eso es lo que nos tiene en esta crisis constitucional y luego va el artículo 68 que es el de la votación, mucha gente dice: 'lo que pasó sí fue legítimo porque levantaron la mano y tienen más de 65 (votos)', pero bueno (lo que se hace es que), se levanta la mano, levantar un acta, contar los votos y corroborar, pero esto no pasó', explicó.

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El poder en manos de la CSJ

Por tal razón, Jerez es del criterio que el primer paso para solventar la crisis es interponer una acción de inconstitucionalidad frente a la Sala de lo Constitucional, esa misma sala debe resolver lo que ocurrió y después repetir esa sesión.

'Es cierto que la Constitución ya establece las fechas en las que se tienen que celebrar esas sesiones y se estaría inclumpliendo esto, pero lo que estamos atravesando no es solo un problema constitucional, sino un tema del ejercicio del poder y a quién debemos de reconocer', enfatizó.

Por su parte, el abogado constitucionalista Fernando Gonzáles, aunque distó de la postura de Jerez en algunas cosas, coincidió con él en cuanto a la responsabilidad que tiene la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para esclarecer el tema, pero consideró que debe primar la junta que posee el respaldo legal sobre la que tiene la venia popular.

'El pueblo fue tan cabal que no le dio poder absoluto a ningún partido. Yo creo que se le debe dar un voto de confianza a la representatividad que tiene la mayoría de diputados propietarios que estuvo en la reunión que se hizo en Bosques de Zambrano, como togado en derecho que soy creo que hay que ver a quién le dará el respaldo la Embajada Americana', argumentó.

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'Yo creo que la salida debe ser legal, no política', dijo en cuento a la posibilidad de que se arregle el conflicto con el diálogo entre los partidos. 'Se tiene que respetar la voluntad del pueblo, hay una aceptación social que es la de Luis Redondo y legal y pura que es la junta directiva que dirige Cálix, pero es la Corte Suprema de Justicia que debe dirimir en este caso quién será el presidente del Congreso'.

Consecuencias para Honduras

Otro punto que hizo coincidir a los analistas es que de no resolverse inmediatamente la situación, Honduras se vería sumergida en una nueva crisis política, social y económica, una incluso mayor a la de 2009, tras el golpe de Estado a Manuel Zelaya.

'Esto puede ser igual o peor que en 2009. Nadie va a querer venir a invertir ni la mitad de un dólar a un país en ingobernabilidad', lamentó Gonzáles, al tiempo que sugirió que hay que preguntarle a los personeros de Estados Unidos en Honduras qué dicen al respecto.

Para el analista Jerez, está en riesgo el orden Constitucional, pero no se debe perder la calma en la sociedad, pues eso lejos de beneficiar a solventar la crisis, la profundiza.

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'Mi llamado es a la gente a no caer en discursos de odio y enfrentamientos sociales para no caer en una crisis peor y atender a la razón porque lo que se debe respetar es la Constitución. Hay que sentarse con el acompañamiento de la comunidad internacional y buscar una salida', finalizó.

Graco Pérez, quien es experto en política internacional, sumó su voz al llamado de los togados y argumentó que a nivel internacional la situación también será compleja, pues 'no pueden reconocer a una presidenta y desconocer a un Congreso', aunque fue optimista al pensar que la situación no debería incidir en la toma de posesión del próximo 27 de enero.

Además, dijo que ese día será determinante para entender cuál es la junta definitiva del Congreso, lo cual podría quedar ratificado con la persona que le imponga la banda presidencial a Xiomara Castro, por lo que la comunidad internacional no tendría más que aceptar, en este caso, a Luis Redondo y al resto de diputados miembros, luego de que Castro dijera que no recibirá la cinta de manos de Jorge Cálix. Pero esto también es incierto.

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