TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al restar atribuciones al Ministerio Público (MP), la reforma que se busca aprobar en el Congreso Nacional al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública vulnera la Constitución de la República.
Así lo subrayó en un comunicado la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), entidad que expresó su preocupación ante esta pretensión de los diputados.
“Esta reforma vulnera la Constitución al restar atribuciones al Ministerio Público para ejercer su labor de investigación, pretendiendo que sus actuaciones dependan del pronunciamiento previo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), retrasando con ello las investigaciones”, indica la misiva. Añade que “lo cual abre la puerta a la impunidad y sin duda es una medida que debilita todos los esfuerzos del país en la lucha contra la impunidad”.
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Otros sectores de la sociedad civil han rechazado este intento del Poder Legislativo, que a raíz de los cuestionamientos decidió recular en la discusión de esta enmienda por adición a la disposición de la normativa vigente desde 1986. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) tildó la polémica reforma como “una maniobra para garantizar la impunidad de quienes han cometido delitos en el país”.
El martes anterior pasó en primer debate un proyecto de decreto contentivo de una enmienda al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública con la que se le confiere al TSC la potestad de determinar la responsabilidad civil, penal o administrativa por las acciones y omisiones cometidas por miembros de los órganos colegiados.
Reacciones
“El TSC reafirma su firme posición de respeto a la ley, a la independencia de las instituciones del sector justicia, como de las acciones legales promovidas por el Ministerio Público en la persecución del delito”, resalta una aclaración emitida ayer por el ente contralor del Estado.
De su lado, los miembros de la comisión de dictamen de esta reforma que se encuentra en suspenso también emitieron un comunicado, alegando que esta normativa no tiene alcances en ningún área de las actividades del Poder Legislativo.
“Toda reforma que se haga en su articulado no tiene ninguna repercusión, ni beneficia, ni afecta a ningún miembro del Poder Legislativo”, conforme al segundo numeral de la notificación divulgada por el CN.
Los parlamentarios argumentan que esta modificación no limita la potestad de indagación y de acusación del MP, “por el contrario, establece la ruta clara que debe de seguir la investigación en caso de que estas personas que no son funcionarios públicos incurran en responsabilidades”.
El vicepresidente del Legislativo, Antonio Rivera Callejas, informó que el proyecto siempre se abordará y que la próxima semana iniciará la socialización de esta reforma con representantes de diversos sectores sociales. “Se dijo que era para diputados, pero nada que ver, es para empresarios y obreros que no son empleados públicos y que representan a un gremio; hubo una malinterpretación”, sostuvo.
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