TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El llamado a pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de la presidenta Rebeca Ráquel, sin estar en el país tres de los máximos jueces propietarios y otro más fuera por temas de salud, causó suspicacia y alarma en las esferas políticas.
La alarma se encendió, principalmente en los actores políticos de oposición al actual gobierno, al conocer que los temas a discutir serán la inconstitucionalidad de la Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) y dejar legalizado de una vez por todas el decreto 04-2022, que dio vida a la Ley de Amnistía.
A esto se le suma el hecho de que por ley los cinco magistrados que conforman la Sala Constitucional no podrán integrar el próximo pleno, a razón de que ya conocieron ambas causas, en las que votaron por mayoría de votos y que por ende tuvieron que pasar a ser dilucidadas por el pleno.
La convocatoria para la sesión del pleno fue girada el martes 17 de septiembre por la titular de la CSJ, Rebeca Ráquel; existe con la posibilidad de que nueve de los magistrados propietarios no puedan integrar esta reunión.
Al no estar los magistrados titulares, el Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial establece que deberán ser sustituidos por los magistrados integrantes permanentes, también llamados suplentes, para completar el número de 15 jueces.
¿Desconfianza?
Lo trascedente de los dos temas a tratar en el pleno, generó la desconfianza de la oposición política de Libre, al grado de especular que podrían integrar a funcionarios judiciales afines al gobierno de turno y lograr el cometido que según la oposición, persigue Libre.
Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional (PN) en el Congreso Nacional (CN), sobre este tópico, refirió: “Como es de costumbre en el gobierno de Libre, se encienden las alarmas desde el Poder Judicial, se han encendido por la convocatoria que se está realizando al pleno de la Corte Suprema de Justicia”.
Zambrano señaló que “lo más grave de esto son los dos temas trascendentales que quieren aprobar mediante un fallo. El primero, Libre quiere que se avale y quede legalizado el pacto de impunidad que le perdonó los delitos de corrupción a todos los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales y el segundo, quieren declarar inconstitucional el tema de las ZEDE”.
Para el abogado versado en materia penal, Javier García, esta situación “genera suspicacia. El hecho de que se esté pretendiendo convocar de manera intempestiva, cuando estas personas están fuera; aunque pudo haber sido que coincidió la fecha del viaje”.
La opción virtual
Los magistrados Anny Ochoa, Odalis Nájera y Nelson Mairena se encuentran en este momento en España, en un evento al que fueron invitados y que concierne a conocimientos sobre el ejercicio del notariado.
Al ser notificados del pleno y enterarse del embrollo que ocurre en Honduras, los tres altos jueces solicitaron oficialmente a la presidente Rebeca Ráquel los medios pertinentes para poder concurrir de forma virtual en el pleno de magistrados, haciendo acopio de lo establecido en el Reglamento Interior del Poder Judicial.
“Está abierta la posibilidad de que puedan conectarse, no solamente la magistrada Anny Ochoa, sino, cualquier otro magistrado que no pueda estar presente en esta sesión de pleno para que hagan uso de la vía virtual”, confirmó Melvin Duarte, portavoz del PJ.
Dada esta circunstancia, sólo se reemplazaría con un suplente al magistrado Roy Pineda Castro, quien por motivos de salud se le imposibilita estar presente y a los cinco miembros de la Sala Constitucional, por haberse pronunciado en ambos casos.
Los seis magistrados integrantes son: José Medina, Marvin Espinal, Felipe Speer, Aída Martínez, Luis Discua y Martha Merino; estos deberían de remplazar a los que están excluidos. Aun conociendo que habrá presencia de la mayoría de los propietarios, Tomás Zambrano asegura que “Libre está buscando el plan Venezuela para inhabilitar, callar y silenciar a la oposición política”.
