Tegucigalpa, Honduras
Una nueva Junta de Dirección Universitaria (JDU) será instalada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) al concluir el período de sus siete integrantes.
El órgano fue creado mediante la ley orgánica de la UNAH, como una instancia superior responsable de la planificación, organización y administración del alma máter.
En entrevista con EL HERALDO la presidenta de la JDU, Aleyda Romero, reveló que cuatro de los siete integrantes del órgano participarán en el concurso de elección de la nueva Junta.
“La ley orgánica establece que sus miembros se pueden reelegir por cuatro años, es el Consejo Universitario quien reelige los miembros de la Junta. De los siete miembros habemos cuatro que estamos participando”, dijo Romero.
De acuerdo con la ley, la JDU tiene entre otras funciones la facultad de elegir mediante votación y tras un proceso de concurso a quien ocupará el cargo de rector de la UNAH. La actual rectora Julieta Castellanos termina este año su mandato luego de ocho años consecutivos en dos gestiones.
Romero sostuvo que en cuatro años los resultados de la Junta de Dirección Universitaria son muchos.
“En primer lugar uno de los logros se relaciona con la gobernabilidad de la institución, procesos de concurso que estuvieron al margen de injerencia política, procesos de transparencia en la ejecución de presupuesto, entre otros... El propósito de hacer un resumen es para que esas opiniones sean comparadas con la acción de la Junta”, manifestó.
Las funciones de los miembros actuales terminan el próximo 29 de abril, es decir que para el 30 de este mes nuevas caras integrarían la Junta de Dirección. La elección de los siete miembros que la componen estará a cargo del Consejo Universitario.
Los aspirantes a miembros de la Junta ya fueron convocados a participar en el concurso. La convocatoria fue hecha por la Secretaria del Consejo Universitario, Belinda Flores.
Entre los requisitos que deben tener está ser mayor a 35 años, graduado en la UNAH y de preferencia tener un posgrado, tener experiencia en investigación, preferiblemente en el área académica.
No pueden participar los miembros del Consejo de Educación Superior ni autoridades de los partidos políticos.
