Tegucigalpa, Honduras
Rosa Elena de Lobo, ex primera dama de la nación, continuará en la cárcel, luego que el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción determinara mantener la medida cautelar de prisión preventiva y no acceder a la revisión de la resolución anterior y el pago de una fianza de 16 millones de lempiras.
La determinación obedece a que luego de analizar los elementos jurídicos de cada uno de los delitos que fueron señalados en su modificación de sentencia por parte de la Corte de Apelaciones, la juez ha decidido ratificar las medidas cautelares emitidas en la resolución anterior y dejar sin lugar la petición de revisión de la defensa.
A criterios de la jueza, se mantienen los presupuestos en relación con la gravedad de los delitos, aunque se haya considerado una modificación por parte de la Corte de Apelaciones y los procesos continúan para los imputados.
“En el caso de la señora Rosa Elena Bonilla, tres delitos de apropiación indebida, considerado en uno solo con título de autor, relacionado con el artículo 37 del Código Penal, que aumenta en dos tercios la gravedad de la pena, en ese contexto lo sigue considerando un delito grave”, explicó Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia.
Igual los seis delitos de fraude en su calidad de inductora por los que se le acusa a la ex primera dama.
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Resolución y defensa
La defensa de Bonilla de Lobo presentará una apelación este domingo a las 3:00 PM, cuando se cumpla el plazo de 24 horas destinado para hacerlo por parte de las autoridades.
Para mañana, el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción enviará el expediente a la Corte de Apelaciones, quien tiene tres días para pronunciarse sobre la resolución que podría confirmar esta decisión, modificarla o revocarla.
Rosa Elena Bonilla de Martínez, abogada de Bonilla de Lobo, comentó que “el delito contra la propiedad es un delito que no merece la prisión preventiva y de conformidad a la ley, ella debería ser escuchada en libertad. Se ofreció una fianza por el valor de 16 millones de lempiras, equivalente del supuesto fraude, no hubo un pronunciamiento y fue denegado”.
La abogada adelantó que presentarán un recurso de apelación pertinente “para que la Corte de Apelaciones enmiende este error”.
Martínez argumentó que las decisiones legales deben ser respetadas “aunque no las comparto, pero deberán enmendarla, porque a criterios de la jueza los presupuestos legitimadores que se dieron en aquel momento continuaban, entiende esta representación que los presupuestos han cambiado, es de lógica, los delitos imputados no son los mismos y la situación jurídica de ella ha cambiado, pero la jueza dijo que no”.
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