Los denunciados son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Alberto Zelaya, Edwin Ortéz y María Fernanda Castro.
La denuncia fue interpuesta este lunes ante la Fiscalía para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, que hará las diligencias investigativas para promover un antejuicio contra los funcionarios judiciales.
'La resolución tomada es carente de lógica elemental y además se tergiversa de manera negligente y con ignorancia inexcusable la interpretación literal, histórica y sistemática de la jurisprudencia invocada y en la aplicación de las normas jurídicas descritas en el artículo 3 del decreto legislativo 045-2002, produciendo con ello una conclusión falaz y equivocada que perjudica el derecho jurídico protegido de la recta administración de la justicia', reza el escrito.
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Asimismo, indica que los magistrados cometieron una clara desatención a los presupuestos procesales necesarios para dictar auto de formal procesamiento en relación a la valoración y estándar de acreditación probatoria, establecida en nueve sentencias.
'La clara desatención a los presupuestos procesales necesarios para dictar auto de formal procesamiento en relación a la valoración y estándar de acreditación probatoria, establecida en las sentencias invocadas en las páginas 258 a 263 de la resolución: AP 0278-2019 del 18 de octubre del 2018; Sentencia AP-0012/0013-2012 del 21 de junio del 2016; Sentencia AP-1056-2015 del 30 de septiembre del 2016, Sentencia AP-416 2018 del 19 de agosto del 2018, Sentencia AP-0369-2016 del 22 de noviembre del 2016, Sentencia AP-0631-2007 del 19 de agosto de 2008, Sentencia AP-0278-2019 del 18 de octubre del 2019; Sentencia AP-0416-2018 del 19 de agosto del 2019, Sentencia AP-0941-2018 del 19 de junio del 2019', detalla el escrito.
Además, expone que 'los magistrados de la Corte de Apelaciones resuelven de manera negligente al no valorar el cuadro factico (hechos acreditados sin controversia) que sustentan la tesis acusatoria del Ministerio Público de que 'con el propósito o plan general de drenar dinero del estado (específicamente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia), para alcanzar un provecho personal directo o por medio de negocios mercantiles lícitos de algunos implicados, como también financiar partidos políticos o candidaturas de políticos,' en desatención a los parámetros invocados mediante la jurisprudencia, como ser la mínima actividad probatoria, material indiciario y probabilidad, tanto en la realización de los hechos como de participación a fin de establecer evidencia probatoria e indicios racionales.
Igualmente, establece que el sobreseimiento definitivo solo procede cuando está acreditado, sin ninguna duda, que el delito no existe o que el señalado como responsable no lo es realmente.
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Caso Pandora
El caso Pandora se refiere al presunto saqueo de más de 282 millones de lempiras de las arcas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Finanzas, que fueron destinados al pago de campañas políticas del Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal.El caso fue presentado ante la justicia por el equipo de las desaparecidas Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic) el 13 de junio de 2018 y dos años más tarde, la Corte le dio un giro inesperado que ha desatado la polémica y el cuestionamiento de diferentes sectores de la sociedad hondureña.
