El proceso de depuración policial que inició hace tres años en Honduras a raíz del asesinato de dos jóvenes universitarios, entre ellos su hijo, 'ha sido un fracaso', afirmó este lunes la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
Castellanos se refirió al tema en el marco de la intervención de la posta policial del barrio La Granja en la capital de Honduras, a la cual estuvieron asignados los tres agentes y un oficial que participaron en la muerte de su hijo Alejandro y su amigo Carlos David Pineda, la cual calificó como 'tardía'.
La Secretaría de Seguridad determinó cerrar las operaciones de la Policía Preventiva en el barrio La Granja y asignar en su lugar, a elementos de la unidad especial TIGRES.
La acción tuvo lugar dos días después de la captura de cuatro agentes que estaban asignados a dicha posta, quienes asaltaron a un comerciante a bordo de un vehículo de la Policía de Honduras que circulaba sin registros.
'El camino que hemos recorrido para tratar de que en la Policía hubiese un proceso de depuración, un proceso que definitivamente ha fracasado, que no se llevó a cabo como en el planteamiento original en el año 2011 cuando surgió la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la carrera policial) en cuanto surgió la idea y cuando se esperaba que hubiese voluntad política para hacerlo', dijo la socióloga a la radio local HRN.
Además, cuestionó que con la verticalidad de mando dentro de la Policía Nacional de Honduras, 'es muy difícil que sus superiores no se den cuenta de lo que está pasando'.
La funcionaria recalcó que desde el 29 de septiembre de 2011 fueron asesinados cuatro jóvenes por tres de los cuatro policías que también participaron en la muerte de Rafael Alejandro Vargas y Carlos David Pineda.
'En la misma posta policial se lavaban las patrullas, la misma posta policial era el escenario para que estos criminales pudieran actuar en una institución que es creada para que proteja al ciudadano, porque esa es la función de la Policía y no para que sea victimario de ciudadanos', expresó.
Insistió en que desde entonces pidió que la cúpula policial fuera investigada; sin embargo, 'ha quedado en evidencia que la depuración no se llevó a cabo y que no era una quimera, no era un capricho de la ciudadanía estarlo pidiendo, sino que la población seguía siendo víctima'.
'Nunca vimos acciones de persecución del delito a estos jefes policiales. Si bien es cierto algunos de ellos están suspendidos, nunca hubo una investigación de sus bienes, que era algo que se estaba pidiendo, no pueden justificar la procedencia de sus bienes', señaló.
La estación policial de La Granja fue intervenida en noviembre del 2011, luego de que EL HERALDO denunció la existencia de carteles que operaban al interior de las postas de La Granja y Belén.
Entonces, se denunció que los policías usaban sus días libres para robar vehículos, motocicletas, asaltar casas, extorsionar y hasta matar.
