TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una gran incertidumbre ha causado la declaración de inconstitucionalidad sobre la Ley Marco de Protección Social por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los gremios de la salud llevaban años luchando para que se derogara esa normativa por atentar contra los servicios de la salud pública del país.
La Sala Constitucional del Poder Judicial falló por unanimidad de votos sobre la inconstitucionalidad total del decreto lesgislativo 056-2015.
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“El Colegio Médico de Honduras desde el 2015 interpuso garantía de inconstitucionalidad contra el decreto por ser una ley que viola los derechos a la salud, a la seguridad, a la previsión social y a la vida por desprotección de los primeros”, afirmó Helga Codina, presidenta del CMH. Añadió que se delegaba la prestación de servicios de salud a entidades privadas por medio de la suscripción de contratos y convenios.
Por su parte, Suyapa Figueroa, diputada del Congreso Nacional, señaló que todas las garantías de los hondureños fueron violentadas con esa aberración jurídica.
“Presenté ante el CN las garantías, a través de una ley que resguarda los logros que había tenido la clase trabajadora a través de la ley, fueron recogidos en ese proyecto de ley que ya fue presentado y vamos a darle celeridad para que al quedar desprotegidos estos no pierdan su derecho”, manifestó Figueroa.
Entre los derechos que se buscará proteger está la reserva laboral de la clase trabajadora.
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A su vez, Miguel Mejía, representante de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud, manifestó que es positivo porque se elimina la amenaza de la privatización del sistema de salud. No obstante, señaló que la ley tuvo que haber sido derogada de forma parcial y no total. “El pasivo laboral que estaban creando los trabajadores en el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) prácticamente deja de existir y los trabajadores quedan desamparados”, señaló Mejía.
Indicó que el Seguro Social brindaba atención de salud a los hijos de los trabajadores hasta los 18 años y ya no podrán recibirla.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunció que el lunes después de Semana Santa comunicarán una posición colegiada sobre la inconstitucionalidad de esa ley .
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