Las finanzas del gobierno de Honduras están en serios aprietos pero ¿quién pagará esa cuenta?
Para enfrentar un déficit fiscal superior a 21,000 millones de lempiras, un endeudamiento público de 5,930.4 millones de dólares y cuadrar el Presupuesto de 2013, se estudia un rosario de medidas que al final impactarán en los contribuyentes que durante esta gestión de gobierno ya han sido castigados con nueve “paquetazos” fiscales.
Pese a que el año anterior, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) elevó sus metas de recaudación tributaria y la Secretaría de Finanzas contrajo más endeudamiento interno, dejó de honrar compromisos por unos 800 millones de lempiras con empresas constructoras y 900 millones con los proveedores de medicamentos, más un millonario monto aún no determinado de sueldos y salarios de burócratas, empleados temporales y docentes.
Debido a la necesidad del gobierno por adquirir recursos frescos, solicitó un crédito al Banco Central de Honduras (BCH), por 2,000 millones de lempiras, que fueron insuficientes para cubrir la demanda de cobros. El pago de este compromiso fue honrado con la emisión de más bonos del Estado, que fueron entregados a la autoridad monetaria a tasas de mercado.
¿Quiénes gastaron?
El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), sonó el 16 de febrero de 2012, una campanada de alerta cuando el presupuesto de egresos de algunas instituciones públicas presentaba un acelerado nivel de ejecución y millonarios gastos sin imputación presupuestaria por un monto total de 6,965.2 millones de lempiras.
El Fosdeh, con datos de la Secretaría de Finanzas, señaló en ese momento que la Casa de Gobierno ya había ejecutado 270.7 millones, de los cuales, 166.7 correspondían a su presupuesto y 104.7 a gastos sin imputación, para un total de 270.7 millones de lempiras, o sea un 40 por ciento de los recursos asignados durante 2012.
Similar comportamiento manifestaron las secretarías del Despacho Presidencial con gastos fuera del presupuesto al inicio del año anterior por 104.2 millones; la del Interior, 326.8 millones y la Secretaría de Educación por 1,091.8 millones, según un estudio del Fosdeh.
También señalan que las Secretaría de Salud gastó 418.6 millones sin imputación presupuestaria; Seguridad, 275.1 millones; Defensa, 131.91 millones; Finanzas, 1,011.4; Obras Públicas, 483. 4 y la Secretaría de Trabajo, 20.7 millones de lempiras. Según el estudio del Fosdeh, las partidas de Deuda Pública fueron cargadas con 1,033.6 millones de lempiras y la de Servicios Financieros de la Administración Central con 1,046 millones.
Un análisis posterior de ejecución presupuestaria por institución efectuado por el Fosdeh con cifras oficiales, indica que a la mitad del año anterior el presupuesto pasó de un monto original de 79,558.8 millones de lempiras a 85,230.9 millones, para un incremento de 5,672 millones de lempiras.
Pese al referido incremento presupuestal, el Congreso Nacional consumió a junio de 2012, según datos de Finanzas, un 99.12 % de su presupuesto, o sea 505.5 millones de lempiras.
El Programa de Asignación Familiar (Praf), gastó hasta la referida fecha 96.10% de su asignación original de 1,290.2 millones de lempiras, se le amplió su presupuesto en 58.10 millones y efectuó gastos sin imputación presupuestaria por 811.7 millones de lempiras.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), erogó un 63.09%; la Presidencia de la República, 77.53% y Copeco consumió en la referida fecha un 84.17% de su presupuesto.
Las secretarías de Defensa, 61.03%; Finanzas, 54.78%; la Comisión Administradora Zona Libre de Islas de la Bahía, 83.59%; Dirección de Marina Mercante, 62.54%.
Las secretarías del Trabajo, 67.09%; Agricultura, 68.42 %; Recursos Naturales, 81.42% y la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, 61.75%.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), recibió un presupuesto original de 58,058.2 millones de lempiras, recibió un aumento de 105 millones y registró a junio de 2012 un gasto de 73.03%.
A la Secretaría de Pueblos Indígenas se le dotó una asignación de 66.9 millones de lempiras, se le aumentó 2.3 millones de lempiras y reportó gastos fuera de presupuesto por 12.7 millones y un consumo de 63.72% de su presupuesto.
El entonces secretario de Finanzas, Héctor Guillén, discrepó en su momento con las cifras y datos brindado por el Fosdeh a los medios de comunicación. La Organización No Gubernamental (ONG) respondió que los datos fueron tomados del Sistema Integrado de Administración Financiera (Siafi).
¿Y ahora qué?
El gobierno enfrenta, según una diversidad de analistas económicos privados y públicos, una nueva crisis fiscal que se magnifica para este año con la remisión al Congreso Nacional de un infinanciable Presupuesto General de la República por 164,925 millones de lempiras, de los cuales 89,273.4 millones de lempiras son para la administración central y 75,648.9 millones para las instituciones descentralizadas.
El financiamiento de este presupuesto, que se estima sea discutido en el seno de la Cámara Legislativa esta semana, se dificulta porque la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) señala que es muy probable que se pueda recaudar durante el presente año unos 54,000 millones de lempiras.
Representantes de la banca privada han reiterado que han perdido el apetito financiero para continuar con la compra de bonos del gobierno.
Además, existen pocas probabilidades para que el gobierno suscriba un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para disfrutar de recursos para apoyo presupuestario aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial.
Economistas independientes sostienen que la creciente brecha entre los ingresos corrientes y el gasto público se puede cerrar mediante el despido de paracaidistas, personal que recibe un salario sin trabajar en la administración pública. Además, deben fusionar entidades públicas y sanear a las empresas estatales, entre otras medidas consideradas como “heroicas”. Se estima que el Presupuesto se comenzará a discutir esta semana en la Cámara Legislativa.
Masa salarial
Las presiones sociales ejercidas por activistas del Partido Nacional y de sindicatos públicos evitarán que exista una depuración de personal supernumerario de las dependencias públicas y de las empresas estatales que generan pérdidas por 8,000 millones de lempiras.
