SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Una jueza identificada como Roxanna se pronunció en relación a los desalojos realizados este miércoles en la colonia Arenales de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras
“El 26 de mayo vine a notificarlos, 10 días les di para que desalojaran, respetándoles el derecho que tienen ustedes y hasta hoy vengo a ejecutarlo (desalojos)”, aseguró la encargada de los desalojos.
“Si usted no tiene como acreditarlo (título de propiedad), le doy una hora para que vayan a hacer las diligencias a los Juzgados, traigo una orden donde soy nombrada juez ejecutora”, agregó.
En ese sentido, los trabajos de despojamiento de tierra se encuentran suspendidos momentáneamente por lo que la maquinaria se encuentra retirada del lugar.
Un grupo de pobladores se comprometió a trasladarse hasta los Juzgados sampedranos con el fin de evitar dichas acciones en el plazo de 60 minutos que ordenó la profesional del derecho.
El desalojo ocurrió exactamente atrás de lo que fue el Centro Social Satélite, bulevar del Este, en San Pedro Sula.
Hasta el momento, el grupo de vecinos se muestra en contra de las acciones y está formado para evitar que las maquinarias realicen los desalojos.
Presidenta Castro ordenó desalojar tierras invadidas
Con el objetivo de solucionar la problemática de invasión de tierras y dar soluciones al sector agrícola del país, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) conformó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.
La Comisión estará presidida por el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, e integrada por un fiscal especial nombrado por el fiscal general Óscar Chinchilla, un juez con jurisdicción nacional nombrado por la Corte Suprema de Justicia y un comisionado de la Policía Nacional nombrado por el ministro de Seguridad.
Además, un oficial de las Fuerzas Armadas que designará el ministro de Defensa, un diputado que elegirá el titular del Congreso Nacional, el presidente de la junta directiva del Instituto de la Propiedad (IP) y el ministro de Desarrollo Económico.Durante el anuncio en cadena nacional, la presidenta Xiomara Castro admitió la crisis derivada por más de 30 mil hectáreas invadidas por supuestos campesinos, por lo que consideró que “la reforma agraria es un asunto pendiente” y que “del 2010 en adelante se tiene una mora de 1,110 solicitudes de tierra”.
A partir de esa fecha se informó que han existido aproximadamente 400 resoluciones de expropiación emitidas, y a la fecha existen 129 casos pendientes, agregó Castro.
En reunión del CNDS también se determinó elaborar un decreto ejecutivo y proyectos de ley para discusión del Congreso que busquen soluciones ante la mora agraria.
“Incluir en un proyecto de ley la conciliación de justiprecios pendientes de pago y asegurar la titularidad de la tierra y grupos ocupantes”, puntualizó.
En relación con los proyectos de ley que serán remitidos al Poder Legislativo, el gobierno precisó que se incluirá un artículo que castigue la ociosidad y fomente y proteja la función productiva y de los bosques.Se propone también reformar el artículo 51 de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, que habla sobre los propósitos de afectación en predios rurales de vocación agrícola o ganadera de dominio privado.A su vez, la Comisión conformada velará por que el IP y el INA inicien una investigación de las propiedades que tienen carácter legal en antecedentes registrales, “pero en su tramitación y adquisición tienen el carácter de ilegitimidad, concediéndole prioridad a la revisión de tierras denunciadas por los campesinos”, acotó Castro.
Acciones
La Comisión gestionará y velará por diversas acciones como la ejecución de órdenes judiciales de desalojo, por lo que el Estado procederá a desalojar las tierras privadas en manos de invasores.
Sobre las invasiones a fincas de palma en el Bajo Aguán, reconoció que de 56 fincas tomadas se han librado por los juzgados 22 órdenes de desalojo y 9 han sido ejecutadas.
Las invasiones han causado “graves daños a la producción nacional y la economía”, aseguró.En ese sentido, pidió ejecutar las órdenes de desalojo.
“El Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el Poder Judicial”.
Castro comentó que “se concede prioridad a las tierras tomadas de la empresas del sector social de la economía y de la reforma agraria, así como fincas privadas relacionadas con actividades de palma aceitera, caña de azúcar, bananera y cualquier agropecuaria productiva”.
Reafirmó que las tierras tomadas y que se encuentren usurpadas en flagrancia permanente se les aplicará los artículos de la Ley de Fortalecimiento del Sector Productivo de la Palma Aceitera, Código Penal y Procesal Penal.“Si nosotros no atacamos la gran problemática que está en el camino de la ruta de la economía en el agro las consecuencias seguirán afectado al país”, manifestó el titular de la Comisión, Francisco Fúnez.
Por su parte, desde la Procuraduría General de la República (PGR) explicaron a EL HERALDO que “estamos trabajando en plasmar esa información y hacerla pública”, esto ante el llamado de la Presidenta de que este ente exponga a quienes obtuvieron tierras de manera ilegal.
Las invasiones de tierra son un flagelo que se arrastra desde hace 30 años en el país y que no ha sido resuelto por falta de voluntad política de los gobiernos.
