Las denuncias de tráfico de plazas y falsificación de documentos siguen salpicando a las direcciones departamentales, en este caso a la de Francisco Morazán. El Ministerio Público recibió ayer la segunda denuncia, en el transcurso de esta semana, contra esa oficina.
Durante los últimos días el ministro de Educación, Marlon Escoto, destapó la olla de corrupción que durante el último año cocinó un negocio de unos 5,000 millones de lempiras anuales en el tráfico y venta de plazas de maestros.
Escoto pidió a los padres de familia, maestros y sociedad en general denunciar los actos irregulares que se presenten en sus comunidades.
A ese llamado respondió ayer el municipio de Talanga, Francisco Morazán, que denunció duplicidad de acuerdos para el funcionamiento de un centro educativo y venta de títulos.
La denuncia se formuló contra las autoridades de la Dirección Departamental de Francisco Morazán, que está al mando de Carlos Rápalo.
Se cuestiona lo que se hizo con el instituto tecnológico, al que se le cambió la denominación de Tegucigalpa por Talanga.
“Ha funcionado con un acuerdo fraudulento emitido por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán”, dijo la abogada denunciante, Georgina Sierra.
La denuncia se formula por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. “Este es el meollo de la corrupción en la Departamental”, dijo.
La Fiscalía ya había recibido una denuncia esta semana contra Rápalo y los miembros de la Junta de Selección de Francisco Morazán, entre ellos el presidente de la Seccional 1 del Pricphma, Yury Hernández. La primera denuncia contra la Departamental de Francisco Morazán y la Junta de Selección de este departamento la interpuso el alcalde de Ojojona, José García.
En Ojonona se otorgaron licencias injustificadas, además se cuestiona tráfico de influencias y abuso de poder.
Las denuncias de Ojojona y Talanga solo evidencian que el negocio de la venta de plazas y falsificación de documentos se vuelve más fácil de concretar en la zona rural.
Anteriormente la venta de plazas era un fenómeno casi exclusivo de la zona central y de las grandes ciudades, sin embargo, ahora los maestros aceptan una plaza en centros de comunidades del sector rural con tal de ingresar al sistema. Además de eso una plaza en el sector rural no es tan costosa como una en Tegucigalpa o San Pedro Sula, analizó Eulogio Chávez, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh).
Para el caso, una plaza en Intibucá puede rondar los 80 mil lempiras, según la denuncia que hizo el propio ministro Escoto, que destituyó al director general de Educación, Antonio Medina, quien se supone estaba vinculado en esa transacción ilegal.
Carlos Hernández, de la ONG Transformemos Honduras, afirma que en Cortés una plaza puede costar 10,000 dólares.
Escoto anunció la intervención de la departamental de Intibucá, donde hay otras 12 denuncias de irregularidades.
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, declaró que “hay una mafia manejando las plazas en el escalafón, eso lo dirán las investigaciones”.
EL HERALDO
conoció que el ministro de Educación recabó documentación de unas 50 denuncias en el departamento de Colón, tanto de tráfico y venta de plazas como de otro orden administrativo.
Jugadores contratados eran del Gualala FC
El velo de misterio por fin cayó. Los jugadores que fueron contratados en un centro educativo pertenecen al club deportivo Gualala FC.
Así lo informó ayer el presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), Edgardo Casaña.
“Se trata del equipo Atlético Gualala, donde fungió como presidente el hijo del diputado Víctor Rolando Sabillón. Este equipo estuvo en la Liga Mayor, luego en la Liga Nacional de Ascenso, Segunda División, hasta que logró ascender a la Primera División”, explicó Casaña.
El dirigente aseguró que el diputado liberal por el departamento de Santa Bárbara, Víctor Sabillón, fue el encargado de gestionar la colocación de dos futbolistas del club Atlético Gualala en el instituto La Independencia.
Casaña detalló que los dos jugadores fueron nombrados durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya.
Sabillón reaccionó ante ese señalamiento y aceptó que él había intercedido para que se nombrara a dos de los jugadores, porque tenían problemas económicos y algunos de sus familiares estaban enfermos.
Tanto Casaña como Sabillón contaron a la radio HRN que ambos jugadores fueron contratados por Servicio Civil, es decir, que no ocupan plazas de maestros, como se denunció en su momento, sino puestos administrativos.
