TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de su captura, al miembro del clan Montes Bobadilla, identificado como Rafael Eduardo Cáceres Soto, se le dictó arresto provisional que deberá de cumplir en el Primer Batallón de Infantería.
Un Juez de Extradición de Primera Instancia realizó este sábado la Audiencia de Información en la solicitud de extradición para Cáceres Soto, originario de San Pedro Sula, Cortés, con fines de extradición, según petición enviada por el gobierno de Panamá.
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Cáceres Soto es requerido por la supuesta comisión de dos cargos: el primero de ellos contra la Seguridad Colectiva, relacionado con droga, contemplado en el capítulo V. título IX, del Libro II, del Código Penal Panameño.
El segundo cargo está registrado igualmente contra la Seguridad Colectiva por Asociación ilícita, contenido en el Capítulo VIII, Título IX, del Libro II, del Código penal panameño.
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En esta Primera Audiencia se informó al ciudadano solicitado en extradición los cargos que han sido presentados por el estado requirente y la relación de hechos, así como los derechos que le asisten durante este proceso.
Luego de finalizar la Audiencia Informativa, el Juez Natural Designado para desarrollar en primera instancia el proceso de Extradición, dictó arresto provisional al encausado, medida que deberá cumplir en el Primer Batallón de Infantería.
Asimismo, se convocó a las partes para el próximo 21 de junio a las 9:00 am, día en que se desarrollará la segunda Audiencia del proceso de Extradición, en la cual se presentarán y evacuarán los medios probatorios enviados por el Estado requirente y los presentados por la defensa técnica del encausado.
Qué pasó con la solicitud de extradición de EEUU
Cáceres Soto estuvo igualmente incluido en petición de extradición enviada por Estados Unidos en el año 2016, la orden de captura en su momento fue dictada en octubre en 2016; sin embargo, en el año 2017, Estados Unidos retiró su petición.
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Pero en marzo de 2021 un Juez de Extradición dictó una nueva orden de captura, en esta ocasión debido a petición enviada por el gobierno de Panamá con base en los cargos arriba mencionados.
Esta petición se tramita en Honduras con fundamento en la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933.
