En medio de un carnaval de aprobación de leyes y de palpitantes reuniones para elegir la nueva junta directiva clausuró sesiones el Congreso Nacional para dar paso a las sesiones preparatorias de la nueva legislatura, que lleva bajo su brazo una inédita generación de diputados.
El cuarto y último período ordinario de sesiones de la legislatura 2010-2014 finalizó anoche aprobando en solo 15 días una peculiar feria de leyes y decretos sin consenso, en su mayoría con la dispensa de dos debates.
El Congreso Nacional que en su momento dirigió el actual presidente electo, Juan Orlando Hernández, debió concluir en 31 de octubre de 2013, pero fue prorrogado hasta el 20 de enero, un día antes de instalarse un nuevo Congreso.
Las sesiones que se reanudaron el 6 de enero de este año fueron intensas y maratónicas. En estos 15 días, los diputados han aprobado más de cien decretos y al menos 20 leyes.
En este inusitado proceso de legislación, según denuncia de diputados opositores, se han aprobado contratos, concesiones, privatizaciones de entes estatales como la ENEE y Hondutel, leyes con visos de inconstitucionalidad, algunas sin el quórum correspondiente.
En las maratónicas jornadas se ha producido un interminable desfile de proyectos y dictámenes que fueron aprobados a rajatabla.
La última sesión
La última sesión legislativa del CN inició a las 11:00 de la mañana y concluyó alrededor de la medianoche, justo antes de finalizar el período.
Al igual que los días anteriores, ayer se conoció y se aprobaron una “carretada” de proyectos y dictámenes sin escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia y seguir el procedimiento de rigor.
En ese sentido, el Congreso aprobó la privatización de algunos servicios de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica, otorgó más contratos de generación de energía y aprobó contratos de endeudamiento para la alcaldía del Distrito Central, uno por 10 millones de dólares con el BCIE y otros con bancos nacionales por 29 millones de lempiras para distintas obras que ya fueron ejecutadas.
En el marco de esta carrera se aprobó un decreto que le da el tiro de gracia a la flamante Comisión de Reforma a la Seguridad Pública.
Por otro lado, en un abrir y cerrar de ojos fueron nombrados Miguel Ángel Gámez, presidente, y los comisionados José Antonio Pineda Cano y
Erasmo Virgilio Padilla Carías como comisionados de Coalianza.
Además, a la velocidad del rayo,se creó la Agencia Técnica de Investigación Criminal, como parte de un paquete de reformas a la Ley del Ministerio Público.
Así también, en menos que canta un gallo, hubo una interpretación a la Ley de Conatel para equiparar el costo de las llamadas de teléfonos fijos a celulares.
Fueron reformados los artículos 33, 62 y 172 de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para elevar a delito el contrabando y la defraudación fiscal y crear una nueva figura delictiva llamada instigación pública cuando se inste a la población a no cumplir con el pago de impuestos.
Se aprobó una reforma encaminada a reestructurar el servicio exterior, a la profesionalización del mismo, a la regulación de esta profesionalización y a un mayor rendimiento y eficiencia del personal diplomático y consular de Honduras en el extranjero.
Fueron aprobados 11 contratos de Coalianza, el préstamo de 10 millones a la alcaldía capitalina para continuar las obras del trans 450 y se sustituyó la Ley Marco del subsector eléctrico por la Ley general del Mercado Eléctrico, que pasó en tercer debate sin discusión.
Para no variar en el último días de sesiones, el diputado de Unificación Democrática, Sergio Castellanos, se despidió denunciando que quieren atentar contra su vida porque nunca se plegó a los intereses del oficialismo del Congreso Nacional y, además, terminó peleado con su partido político.
