Tegucigalpa, Honduras
La polémica Ley Nacional de Ciberseguridad quedará orbitando por un tiempo.
El lunes el Congreso Nacional (CN) determinó no aprobar la iniciativa mientras la Comisión de Dictamen no dialogue con los sectores que se han opuesto a su creación por violentar la libertad de expresión.
La semana anterior el Poder Legislativo sometió al primer debate el proyecto de la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección Ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales.
La iniciativa tiene como propósito, según los legisladores, poner control a las campañas de odio que se promueven en las redes sociales.
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No obstante, la propuesta ha generado un fuerte debate y malestar en algunas organizaciones sociales debido a las posibles violaciones a la libertad de expresión.
El primero en protestar fue el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) al señalar que el proyecto de ley deja muchas lagunas y espacios para su manipulación por intereses particulares.
Al mismo tiempo señala que la ley va en detrimento del derecho de la ciudadanía a poder expresarse libremente a través de las redes sociales y medios de comunicación.
A la condena de la iniciativa se sumó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación de Prensa Hondureña (APH) y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMCH), que pidió reflexionar antes de aprobarla.
Consenso
La presión de los diversos sectores orilló ayer a que las máximas autoridades de Congreso Nacional meditaran sobre la aprobación a la ligera del proyecto de ley.
Mauricio Oliva, presidente del Poder Legislativo, aseguró en su cuenta de twitter que “la Ley Nacional de Ciberseguridad no se aprobará hasta que se escuche a todos los sectores de la sociedad”.
En ese sentido, ordenó a la Comisión de Dictamen que tome sugerencias e ideas para mejorarla.
“Este es un tema de suma importancia y por eso todos debemos aportar”, justificó el presidente del Congreso Nacional.
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Al reanudar las sesiones este día los diputados tenían planificado desarrollar el segundo y tercer debate y así aprobar el nuevo estamento jurídico.
Antonio Rivera Callejas, vicepresidente del Congreso Nacional, informó que este martes se someterá a discusión en su segundo debate el proyecto de la Ley Nacional de Ciberseguridad, pero se suspenderá el tercero y último para socializarlo más con los sectores interesados.
“He escuchado desde el fin de semana, los tres comunicados y todos son muy parecidos, pues coinciden en que hay un problema”, afirmó en cuanto al pronunciamiento de las diferentes organizaciones.
Dijo que el problema son las cuentas anónimas, cuentas falsas y cuentas inventadas contra las que todos piden que se debe hacer algo.
Recordó que “el proyecto de ley fue modificado totalmente por la comisión de dictamen y el diputado proyectista Marcos Paz retiró su propuesta y se adhirió al dictamen”.
Rivera aseguró que la ley busca combatir las campañas de odio y la discriminación a través de las redes sociales e Internet, pero debido a la polémica que se ha generado se someterá a un amplio consenso.
“Vamos a dialogar nuevamente con el Cohep, los medios de comunicación y el CPH para poder consensuar la ley”, seguró.
“En esta semana se tenía preparado y agendado para poder discutir el proyecto en segundo debate, pero en vista de estos llamados respetuosos formulados por estas organizaciones, se podría aprobar el segundo debate y dejar el tercero y último para más adelante, mientras se dialoga con estos sectores”, refirió.
“El objetivo es que no quede ni la más mínima duda, pues jamás se va a vulnerar la libertad de expresión o la libre emisión del pensamiento”, afirmó el diputado.
“No lo vamos a hacer, yo sería el primero en votar en contra, por consiguiente el segundo debate sí va a entrar, pues no es el definitivo y para el tercero haríamos un compás de espera mientras seguimos consensuándolo”, reiteró.
El proyecto de ley contempla crear un Comité Interinstitucional de Ciberseguridad que estará integrado por unas 19 instituciones.
Este comité será el encargado de formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
Las multas para quienes cometan delitos cibernéticos y promuevan el odio en las redes sociales irían desde los 50 mil a un millón de lempiras y hasta la suspensión y bloqueo del sitio web.
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