TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Patronato Nacional de la Infancia (Pani) en los últimos ocho años pasó de ser una institución sólida a ser “la oveja negra” del gobierno.
Las malas determinaciones y actos de corrupción de sus funcionarios llevaron a la institución prácticamente a la quiebra. Las denuncias de irregularidades son innumerables y las investigaciones son muchas, desde el Ministerio Público (MP) hasta el propio Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El MP ha venido trabajando en varias líneas de investigación aún abiertas que han desencadenado el secuestro de documentos en el interior de la institución. De momento no se han librado los requerimientos fiscales y acusaciones respectivas, pese a los hechos de corrupción.
La Fiscalía mantiene bajo investigación al menos dos líneas de investigación en la institución.
Una de ellas es la transferencia irregular a cuatros Organizaciones No Gubernamentales de 100 millones de lempiras. Los fiscales no encuentran explicación alguna del desembolso porque ninguna de las organizaciones tiene relación con el Pani.
También se le suma la denuncia de EL HERALDO sobre la presencia de un cartel dedicado a manejar la venta de los números más buscados por los consumidores de la Lotería Menor.
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El Tribunal Superior de Cuentas aún tiene pendiente la notificación de las auditorías hechas al Patronato Nacional de la Infancia en los últimos años. Todas las irregularidades se reportaron durante la gestión de Golda Santos, quien interpuso su renuncia de su cargo el jueves anterior. Desde hace casi seis años, Santos fungió como directora del Pani. Golda Santos se fue de su cargo sin entregar el informe sobre las irregularidades que se denunciaron al interior del Pani.
Frente a la serie de irregularidades, el gobierno conformó una Comisión Especial de Supervisión.
En el puesto de Golda Santos fue juramentada la señora Patricia Asfura.
EL HERALDO intentó el viernes comunicarse con la nueva funcionaria para conocer cuáles son sus expectativas en su cargo, sin embargo, no respondió los mensajes ni las llamadas telefónicas. Asfura fue juramentada por Ricardo Montes, en representación del ministro de Justicia, Gobernación y Descentralización, Leonel Ayala, y por el viceministro de Salud, Roberto Cosenza.
