La Comisión Especial del Congreso Nacional se pronunció en contra de la realización del plebiscito solicitado por 10 diputados.
Lo que se pretendía era un plebiscito para preguntar si el presidente Juan Orlando Hernández debía solicitar a la ONU la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICI) en Honduras.
Por tratarse de un asunto constitucional, en virtud de que una comisión internacional restaría atribuciones constitucionales que tiene el Ministerio Público, para la aprobación se requería la mayoría calificada.
La misma Ley de Participación Ciudadana establece que los plebiscitos que abordan asuntos de leyes deben ser aprobados por mayoría simple (65 votos).
Los plebiscitos para asuntos constitucionales deben ser aprobados por mayoría calificada (86 votos).
En este caso, la oposición no logró ni la mayoría simple, mucho menos la mayoría calificada, ya que la votación fue de 56 votos a favor de la consulta y 66 votos en contra.
En la pantalla electrónica se observó un punto amarillo, es decir, una abstención en una curul de la bancada de Libre.
En la pantalla electrónica se observa el voto en contra de diputados nacionalistas, de la Democracia Cristiana, Unificación Democrática, del Partido Liberal y de Libre inclusive.
Votos a favor hubo en la bancada del Partido Liberal, Libre y Pac.
Antes de la votación, el diputado Tomás Zambrano procedió a leer el dictamen, el cual fue desfavorable a la solicitud de los 10 diputados para que solicitara la creación de una CICI en Honduras.
La comisión consideró que no era necesaria dicha consulta y no procede debido a que el Poder Ejecutivo ya se ha pronunciado sobre el tema e incluso ha convocado a un diálogo nacional al respecto.
Además, porque las instituciones encargadas de administrar justicia han tomado acciones para reducir los niveles de corrupción e impunidad en el país.
En su dictamen, la comisión especial presentó los informes solicitados al Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad y otras instituciones consultadas con relación a la lucha contra la impunidad.
Se destaca en el informe la opinión del TSE en el sentido de que la organización de un plebiscito llevaría siete meses y tendría un costo de 688 millones de lempiras que, debido a la situación económica del país, no es viable dicho financiamiento.
También se argumenta que el Poder Ejecutivo ya ha tomado acciones y presentado una propuesta de un sistema integral de lucha contra la corrupción y la impunidad.
En conclusión, la Comisión esgrime siete puntos en los cuales se cita los resultados obtenidos por los operadores de justicia para reducir los índices de impunidad, llegando a la conclusión de que se han obtenido significativos avances.
También se hace relación de las acciones tomadas por el Poder Legislativo al nombrar una comisión multipartidaria para conocer el avance y manejo de los casos de corrupción, del cual se presentó un informe al que se le ha dado seguimiento.
La comisión consideró que sobre la solicitud presentada ya se había pronunciado el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que en su momento pidió a la ONU la creación de una CICI en Honduras.
La Comisión de Dictamen se pronunció que se necesitaba de la mayoría calificada para poder decidir la realización del plebiscito, en virtud que se estaba apelando a un tratado internacional que eleva la petición a un tema constitucional, punto sobre el cual los representantes de Libre no estuvieron de acuerdo.
Las reacciones
La bancada del Partido Liberal, por medio de su jefa Gabriela Núñez, votó en contra del dictamen y a favor del plebiscito atendiendo el clamor de miles y miles de jóvenes indignados que se han lanzado a las calles para exigir el combate a la corrupción y a la impunidad.
El diputado Jari Dixon afirmó que la CICI se está solicitando porque la población ya perdió credibilidad en las instituciones operadoras de justicia, de manera que el congresista descalificó los argumentos esgrimidos por la Comisión en su opinión desfavorable al plebiscito.
“¿Cuál es el miedo del Partido Nacional?, el que nada debe nada teme”, refirió el congresista.
La diputada Beatriz Valle, miembro de la comisión, indicó que desde que se nombró la comisión de dictamen quedó evidenciado el sesgo y la falta de voluntad para llevar a cabo una consulta popular.
Valle dijo que desde que el TSE presentó un presupuesto muy elevado ya se dictó una línea oficial en contra del plebiscito.
El diputado liberal Darío Banegas afirmó que con los argumentos de la Comisión de Dictamen y la opinión de sus compañeros de cámara, concluimos que Honduras seguirá sangrando por el daño que causan los corruptos y depredadores de este país.
Banegas dijo que es menester llegar a acuerdos nacionales sobre cómo combatir la corrupción y la impunidad que nos asfixian, por lo que votó a favor del plebiscito.
El diputado del Partido Anticorrupción (Pac), Liberato Madrid, dijo que no firmó el dictamen porque no comparte los argumentos del oficialismo representados en la comisión, sobre todo en el extremo expuesto que se requiere de una mayoría calificada, cuando en realidad solo se necesita de la mayoría simple. El diputado votó a favor del plebiscito.
En su intervención, la diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, indicó que la consulta no toca la Constitución ni los tratados internacionales y que tampoco es válido el argumento del TSE sobre el costo de la consulta.
La diputada Gutiérrez pidió que la votación se hiciera por consignación de nombres, petición que fue rechazada por el presidente Mauricio Oliva, arguyendo que el voto queda consignado en la pantalla electrónica.
Oliva argumentó que no podemos suplantar a los operadores de justicia y pidió que concurran al diálogo convocado por el presidente Hernández.
Una vez hecha la votación, en la que solo hubo 56 votos a favor de la solicitud, los diputados de Libre sacaron sus pitos y comenzaron a sonarlos en la cámara.
Con el fin de continuar la sesión, se ordenó a la directiva continuar con la aprobación de la ley para el trabajo de los privados de libertad, aprobándose en su tercer y último debate el artículo siete, pero entre el escándalo de los pitos.
El presidente Oliva declaró la sesión en receso por 20 minutos y la convocó para las 8:50 de la noche con el fin de ratificar el acta.
Mauricio Oliva se despidió de todos los diputados con el mensaje: “Feliz pitada”.
