TEGUCIGALPA, HONDURAS. El hecho que se maneje que el abogado Mario Urquía será el ungido como el nuevo fiscal general del Estado desde ya hace perder la confianza sobre la transparencia del proceso de selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
En este tipo de elecciones de segundo grado, cuando el río suena piedras trae. Los antecedentes así lo revelan. Sucedió últimamente- entre noviembre de 2022 y enero de este año- en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando desde el momento de las postulaciones ya se sabía que Rebeca Ráquel Obando sería la presidenta del Poder Judicial, y así sucedió, impulsada por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
En Honduras sucede que, aunque las autoridades del Ministerio Público representan los intereses de la sociedad, no es ésta institución la que preside la Junta Proponente para la selección de los cinco candidatos a fiscales general y adjunto. Como si todo estuviera hecho a la medida de los intereses políticos, el grupo de trabajo lo dirige la presidenta de la CSJ.
Asimismo, está integrado para este proceso por Wagner Vallecillo, también en representación del Poder Judicial, Julio Raudales por las universidades privadas, Odir Fernández por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Blanca Izaguirre por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Alejandro Hernández por el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y José Ramón Ávila en calidad de representante de la sociedad civil.
El hecho de que, en la elección de la CSJ, de los 45 nominados los diputados Libre, Nacional y Liberal en el Congreso Nacional escogieron a los candidatos y candidatas con mayor padrinazgo político y no a los mejores calificadas -como lo fue el caso de la abogada Ana Pineda- tuvo su impacto en las autopostulaciones para el cargo de fiscal general y adjunto.
El presente proceso, por un momento, se consideró fracasado. A 48 horas para que finalizara el tiempo para postularse, 11:59 de la noche del martes 27 de junio, la apatía de los profesionales del derecho era evidente. Para entonces la Junta Proponente solo había recibido la hoja de vida de dos abogados.
Horas después se conoció que la postulación de Mario Urquía, exintegrante de la reciente Junta Nominadora para seleccionar los 45 candidatos a la CSJ se había autopostulado.
Le siguieron Lesly Sarahí Cerna, actual ministra del Trabajo. También acudió Luis Javier Santos, en este momento, titular de la Unidad Fiscal contra las Redes de Corrupción (Uferco).
Al final, 26 abogados, entre ellos 19 varones y siete mujeres presentaron documentos, empero, el listado se redujo el jueves a 24 luego que Cerna retirara sus documentos y Sobeyda Andino quedara fuera por no reunir los requisitos.
Finalmente, la Junta solo admitió 22 candidatos. Otros dos quedaron fuera por inconsistencias en su documentación.
Una vez que Cerna llegó a presentar su hoja de vida y los otros documentos exigidos, cierta incomodidad surgió en el ambiente, ya que rápidamente se barajó que ella sería la próxima fiscal general, pues goza de la confianza de la familia presidencial, gracias a una relación de afinidad.
Las primeras críticas sobre el proceso surgieron de Jary Dixon, diputado al Congreso Nacional por parte de Libre y exprocurador del Ministerio Público, quien públicamente había mostrado interés en postularse, pero que al final no lo hizo y más bien terminó denunciando que la Junta Proponente está confabulada con los partidos políticos. “Elegirán los que ya están elegidos, lindo circo”, sostuvo.
Según Carlos Umaña, diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), la nueva selección de las máximas autoridades del Ministerio Público es totalmente política y no existe ninguna voluntad de transparentar el proceso y de nombrar un fiscal independiente.
Nuevamente se van a poner de acuerdo los tres partidos- Libre, Nacional y Liberal- para arroparse en la impunidad, aseguró.
Según el congresista, existe el riesgo que si los cinco candidatos que proponga la Junta Proponente no son del agrado de los políticos se puedan saltar el proceso como lo hicieron con el actual fiscal general Fernando Chinchilla, quien apareció de la nada, ni siquiera sin proponerse.
El que ya se esté expresando quien será el nuevo fiscal le resta credibilidad al trabajo de la Junta Proponente y expresa la situación eminentemente política. “Como bancada del PSH no creemos en el proceso y vamos a denunciar las arbitrariedades y no vamos a avalar anomalías”, anunció Umaña.
Trabajo objetivo
Ante los cuestionamientos a la Junta Proponente, Raudales, representante de las universidades privadas, garantizó que él va a actuar de manera transparente, pero dijo que no podía responder por los demás miembros de ese grupo de trabajo. “Yo garantizo que voy a actuar transparentemente, no puedo hablar por los demás”, declaró.
De acuerdo con Raudales, es natural que los abogados tengan desconfianza sobre el proceso de selección “si aquí han engañado toda la vida a la gente, los entiendo, y más bien que se pongan vigilantes porque necesitamos cambiar eso. Nosotros vamos a trabajar muy objetivamente, revisando los expedientes, y vamos a sacar la lista de los cinco que obtengan los mejores puntajes, independiente de quien sea”.
En cuanto a los cuestionamientos de Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados, de que Urquía no puede ser candidato porque formó parte de la Junta Nominadora para elegir a los magistrados de la CSJ, Raudales aseveró que como Canales no es miembro de la Junta Proponente puede decir todo lo que quiera.
Incluso, Jari Dixon es un ciudadano y tiene derecho a opinar y estar inconforme también. Él nunca se presentó y si lo hubiera hecho se le habrían aceptado sus papeles, aclaró.
La Constitución de la República en el artículo 80 le garantiza la participación a todos los ciudadanos y “nosotros como Junta Proponente no somos nadie para prohibirla (...) vamos a calificar quienes son los que tienen las condiciones más adecuadas y esos son los que va a ir en la lista”, dijo.
Aspirantes conocidos
En la elección del 2018 se presentaron 28 aspirantes, 22 abogados autopostulados y seis propuestos por entidades públicas o privadas.
De aquel grupo, repiten en este nuevo proceso los exfiscales Juan Rafael Soto Aguilar y Marcio Cabañas, así como el profesional del derecho Carlos Roberto Cálix Hernández, quien quedó entre los cinco candidatos nominados.
Sin embargo, esta vez tendrán la competencia de otros profesionales cuyos nombres ya son conocidos, como el de la exfiscal y exjueza Rita Ondina Núñez, así como el de Urquíam quien presidió la Junta Nominadora para la selección de los 45 candidatos a la CSJ.
Igualmente el reconocido titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público, Luis Javier Santos, quien ha presentado varios casos emblemáticos de corruptos.
Igualmente, están otros aspirantes que han pasado por las diferentes instituciones operadoras de justicia, y unos que todavía son parte de ellas, cuya labor ha sido más discreta, pero siempre muy importantes para el Estado de Derecho.
Perfil del nuevo fiscal
Según el abogado Oliver Erazo, el perfil idóneo del nuevo fiscal general debe ser un profesional que conozca del derecho penal adjetivo y sustantivo y que haya ejercido funciones como fiscal o gente de tribunales del Ministerio Público.
Además, debe saber presentar un requerimiento y tener el suficiente carácter para pelear por su independencia; incluso puede ser un abogado litigante que se ha dedicado a ejercer el derecho penal como acusador privado y como defensor.
“Lo que no queremos son fiscales mediáticos que dicen que hacen, que están luchando contra, pero realmente no hacen nada. Necesitamos más hechos que palabras, necesitamos un profesional que tenga autonomía desde el punto de vista de su criterio para poderle decir no a los excesos de poder de la clase política”, opinó Erazo.
Pero no solo tiene que ser honesto, aclaró, sino que sus actos deben ser honestamente apegados a la Constitución de la República.
Manifestó que no se quiere en la fiscalía a un profesional del derecho ideológicamente polarizado, radical o contaminado partidariamente.
Cualquiera puede ser simpatizante de un partido político, pero de eso a no saber separar ese punto de la función pública hay un universo de distancia.
Él confía en que la Junta Proponente hará bien su trabajo, pues las personas que la conforman, según él, son profesionales muy serios “que han manejado su perfil profesional, su hoja de vida dentro del marco de los intereses de la nación”.
Espera que la selección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto se haga apegada al fiel y estricto cumplimiento de la Constitución de la República, de la Ley y el Reglamento del Ministerio Público, de acuerdo con la matriz aprobada, porque simple y sencillamente no se puede dejar pasar por alto un mínimo de los requisitos.
“En la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público se juega el Estado de Derecho y la democracia”, señaló.
A criterio de Erazo, un paso en falso en la elección del fiscal general dentro del Congreso Nacional es peligroso porque “el Ministerio Público pasaría a ser el brazo de persecución judicial de los derechos, libertades y garantías constitucionales que tenemos todos los hondureños para instalar un modelo socialista y eso es delicado”.
Lamentó el hecho de que sin haber iniciado las evaluaciones de los postulantes ya se estén mencionando a personas que serían las ungidas en los cargos de fiscal general y fiscal adjunto si fuese eso cierto- como ocurrió con la entrega de la presidencia de la CSJ-.
“Sería catastrófico, sería exactamente lo mismo que hizo Juan Orlando Hernández, y quizás peor y sumamente peligroso”, criticó.
En el Ministerio Público no se necesitan activistas políticos pagando favores, “ocupamos abogados certificados en el proceso penal que conozcan la institucionalidad y sobre todo respetuosos de la supremacía constitucional”, reflexionó.
“No ocupamos familiaridad afectiva bajo ningún punto de vista porque eso ya sucedió en la elección de la Corte Suprema de Justicia y lo permitió la Junta Nominadora corrupta que obvió requisitos”, sostuvo Erazo, quien participó en el proceso pasado para la elección de magistrados y quedó fuera del listado final de 45 candidatos.
Cargó contra Urquía al expresar que no puede llegar a ser fiscal porque cuando presidió la Junta Nominadora obvió dar cumplimiento a la Constitución y las prohibiciones que establecían que muchos no podían participar en aquel proceso.
El que ya se manejen quiénes serían los ungidos y cómo los partidos políticos se repartirán las plazas desanimó a los profesionales del derecho que tenían interés en postularse, porque no tenía razón de ser, ni sentido lógico, ir a dejar su hoja de vida cuando ya previamente se maneja quiénes serán los seleccionados.
“Más bien es de felicitar a los que llevaron su hoja de vida porque vuelven a confiar en el último suspiro de vida de la institucionalidad democrática de nuestro país para participar o poder conformar el nuevo Ministerio Público. Es que esa percepción de que todo ya está arreglado debilita a las instituciones y a la democracia”, lamentó.
