TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El embajador de Guatemala en Honduras, Melvin Valdez, precisó el martes que el acuerdo suscrito entre el país que representa y los Estados Unidos debe pasar por una fase de implementación de 90 días.
“En este momento el acuerdo suscrito tiene que pasar por una fase de implementación, lo que significa que no hay una posición oficial sobre el particular”, manifestó en una entrevista concedida a EL HERALDO.
Explicó que “el acuerdo tiene que ser analizado institucionalmente por varios órganos del Estado y ahí se determina si pasa o no al Congreso de la República para su aprobación”.
Ni la representación diplomática que encabeza conoce la postura del gobierno guatemalteco, ya que falta su implementación y deben de pasar 90 días, período habilitado para conocer qué pasará con el documento referente a la declaratoria de la nación centroamericana como tercer país seguro, planteó el diplomático.
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Apuntó que “lo que sucede en el caso particular de Guatemala es que en toda la democracia se debe de respetar el Estado de derecho y eso lo que significa es que todos los ciudadanos tienen el derecho de emitir opinión o recurrir a las instancias que consideren pertinente”. Las consultas institucionales también se deben de efectuar, comentó durante una conversación vía telefónica.
Valdez enfatizó que “Guatemala como Estado ha mantenido históricamente una política en relación con el tema migratorio; la Constitución de la República establece que los originarios de los países miembros de la antigua Federación Centroamericana en Guatemala tienen trato nacional”.
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Respecto a si esta nación se encuentra preparada para brindar asilo a los migrantes que buscan el sueño americano, resaltó que en estos instantes no puede emitir un juicio de valor en este particular.
El embajador aseguró que el territorio guatemalteco ha sido respetuoso del derecho internacional.
“El CA-4 e igualmente los procesos que estamos en este momento de Unión Aduanera obviamente se establece el libre tránsito de las personas; Guatemala jamás, como política de Estado, restringe este tema, no ve a la migración como delito”, afirmó sobre el futuro que le podría deparar al acuerdo regional de procedimientos migratorios regionales firmado hace trece años.
El agente diplomático estimó que “una frontera con 255 kilómetros, hay muchos pasos que no son reconocidos legalmente, entonces ahí se comete alguna irregularidad, pero todos aquellos que pasan por la frontera cumpliendo con los requisitos no tienen ningún inconveniente”.
