TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sociedad hondureña está de acuerdo con que la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente vuelva al Congreso y que nuevamente sea consensuada, donde no se le quite derecho a los padres y que los ministerios de Salud y Educación den una orientación sexual de acuerdo con la biología y no con la ideología, manifestó el reverendo Mario Fumero.
El sábado 29 de julio la presidenta Xiomara Castro vetó la ley antes mencionada por considerarla que no cumplía con la finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes.
Para Fumero, “esa ley fue hecha con unas organizaciones alineadas a la ideología de género. A la hora de redactarla no se convocó ni a los padres de familia, ni a las iglesias, ni a los educadores. La ley en un 90 por ciento es buena, es necesaria. Además es imprescindible regular el abuso infantil, la trata de blancas, el embarazo en menores, el tráfico de niños para la pederastia y otras prácticas incorrectas”.
“Vemos que la ley contiene unos vicios, o unas terminologías que podrían prestarse en el futuro para introducir la ideología de género, muchos otros sexos que no sean los biológicos. Hay una diferencia entre la biología que se basa en la fisiología y la ideología que se basa en el gusto de las personas”, expresó Fumero.
Veto
Dentro de las justificaciones del veto se establece que la normativa “recoge el interés público de contribuir para la educación de los adolescentes, pero no cumple con la finalidad de brindar educación integral para la prevención del embarazo adolescente”.
Se explica también en las justificaciones que Honduras tiene la tasa más alta de embarazos en Centroamérica, algo confirmado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que ha informado que uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años; además que el país ocupa el segundo puesto en América Latina con el mayor número de embarazos en adolescentes”.
Y que además, “adolece de una respuesta adecuada a los valores inherentes de la educación en el hogar, a las demandas de comunidades de madres y padres de familia, igual que de científicos y médicos especialistas; en armonía con la Secretaría de Educación, Salud, Desarrollo Social y otras organizaciones del Estado”.
El Poder Ejecutivo establece que “es necesario definir claramente el papel de cada sujeto obligado, integrando a los diferentes sectores mencionados desde la formulación de la ley, definición de políticas públicas y medidas adecuadas para la prevención de los embarazos de niñas y adolescentes”.
Presión social
El veto a la ley de educación integral se da una semana después de que las Iglesias Católica y Evangélica, padres de familia y sectores de la sociedad civil realizaran sendas marchas en al menos siete ciudades del país, en total rechazo.
El proyecto que fue aprobado en marzo pasado en el Congreso Nacional y fue presentado por la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Scherly Arriaga, bajo el argumento que la ley buscaba “construir currículos de educación sexual adecuados a la edad de los estudiantes para prevenir los embarazos en adolescentes”.
Según la abogada Erika García, representante del Centro de Derecho de Mujeres (CDM), una vez que el proyecto regresó al Congreso es urgente una nueva socialización y aprobación porque lo que está en juego es la vida de miles de adolescentes.
Además de la ley se necesita un reglamento, una política pública que sea sumamente estratégica. Si se trabaja rápido a tasa de natalidad, dentro de unos diez años se espera que bajen, sostuvo García.
