Estados Unidos determinó que un grupo de exfuncionarios del gobierno del expresidente Roberto Micheletti son elegibles para recuperar su visa de ingreso a ese país que les fue cancelada como sanción por el derrocamiento del exgobernante de Honduras, Manuel Zelaya en 2009.
Esto implica que estos “desvisados” pueden iniciar trámites ante el consulado estadounidense en Tegucigalpa para gestionar ese documento y si califican, se les otorgará, dijo a EL HERALDO el agregado de prensa de la embajada de esa nación Stephen Posivak.
El vocero diplomático aclaró que todavía la embajada de Estados Unidos no ha notificado a estos ciudadanos hondureños que nuevamente tienen derecho a reclamar la visa.
“Por el derecho a la privacidad que tienen estas personas no puedo decir cantidades ni nombres de elegibles, pero esta decisión se toma porque se ha observado un avance en el gobierno de unidad”, expresó Posivak a EL HERALDO.
Negó que se trate de una restitución directa de la visa, como trascendió en medios radiales, pues aclaró que se trata de la declaratoria de “elegibles” para que los interesados, una vez que sean notificados hagan su trámite de visa nuevamente.
Esta es la segunda vez que Estados Unidos habilita a exservidores públicos en la gestión de Micheletti para que soliciten visa, ya que en junio de 2011 tomó una medida similar para otro grupo de personas que laboró durante ese régimen. Roberto Micheletti no aparece en ninguna de las dos listas que han trascendido.
A la embajada
A pesar de que la embajada de Estados Unidos no dio detalles del número de personas que han sido beneficiadas con la “elegibilidad” para tramitar una visa estadounidense, en diferentes medios de comunicación trascendió que la cifra podría rondar en una veintena de exfuncionarios.
“No puedo dar detalles de la cifra. Para mí no está permitido dar esta información”, reiteró Posivak en una comunicación telefónica con EL HERALDO.
Sin embargo, entre los nombres no oficiales que han trascendido destacan el excanciller Carlos López Contreras; el exministro de Defensa, Adolfo Lionel Sevilla; la exministra de Turismo, Ana Abarca y el exministro de Salud, Mario Noé Villafranca.
Asimismo, la expresidenta del Banco Central de Honduras, Sandra Midence, la exvicecanciller Martha Lorena Alvarado y la exministra de Cultura, Artes y Deportes, Mirna Castro.
También trascendieron los nombres de la exministra de Planificación, Vica Martel; la exjefa de Protocolo de Casa Presidencial, Johanna Padget; el exministro de Juventud y actual asesor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Luis Antonio Ortez y el presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción, Wiliam Hall Micheletti.
De igual manera, el exdirector del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Carlos Hernández Banegas; el periodista y exministro de Información, René Zepeda; y al expresidente del Congreso Nacional de Honduras y actual jefe de bancada del partido Liberal, José Alfredo Saavedra. La diputada liberal Marcia Facussé también habría sido
declarada elegible para gestionar el reintegro de su visa.
Otros exfuncionarios como la
exministra de Finanzas, Gabriela Núñez; y el exministro de Industria y Comercio, Benjamín Bográn,
ya habían sido notificados en 2011 de la restitución de su visa.
En septiembre del año pasado, EE UU
restablecó los visados
al presidente Jorge Rivera Avilés y el vicepresidente Tomás Arita Valle, quien libró la orden de captura contra Zelaya por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública.
Entre otras medidas, el gobierno de Estados Unidos suspendió en 2009 la emisión de visas en Honduras
'para favorecer una salida negociada a la crisis política'.
Meses después, el servicio fue reactivado, luego de cabildeos de congresistas
de Florida, quienes dialogaron con la secretaria de Estado Hillary Clinton ,para que restituyeran la entrega del documento a los funcionarios hondureños a quienes se les revocó por suponerlos responsables de participar en un golpe de Estado.
Presión
El presidente Manuel Zelaya fue derrocado del poder el 28 de junio de 2009 para impedir que realizara una consulta popular para cambiar la forma de gobierno, pese a que tenía impedimentos legales.
Una fuerza militar que lo capturó en el amanecer de ese día en el que se realizaría la votación lo trasladó a Costa Rica y no a los tribunales de justicia, como estaba establecido en la orden de captura que se emitió en su contra.
Zelaya fue sustituido en la titularidad del Poder Ejecutivo por el entonces presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, en un proceso que se denominó sucesión constitucional.
Estados unidos reprochó el destronamiento y para presionar que Zelaya fuera restituido decidió suspender la visa a varios funcionarios del gobierno de Micheletti, incluyendo a él.
A toda persona que olía a gobierno de Micheletti se le anuló ese documento de forma indefinida, pero esta medida no tuvo los efectos deseados, ya que Micheletti se mantuvo en el poder seis meses y lo entregó al término del período que le correspondía a Zelaya.
Postura
Legisladores republicanos de Estados Unidos cuestionaron en 2009 la decisión de Estados Unidos de suspender las visas por considerar que no era la forma correcta de actuar ante la crisis política hondureña.
Después, en agosto de 2011, otros grupo de legisladores solicitó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que Estados Unidos restituyera las visas revocadas. Esta petición fue hecha mediante una carta firmada por 12 legisladores republicanos y un demócrata en la que se exigió que “cese inmediatamente la política punitiva de visas a hondureños tomada en 2009”.
“Creemos que Estados Unidos no debe seguir penalizando a ciudadanos hondureños basado en sus esfuerzos por respaldar la Constitución y la ley en Honduras”, estableció la nota.
Los republicanos, que dominan la Cámara de Representantes, afirmaron que en Honduras no hubo un golpe de Estado en junio de 2009, sino que fue un movimiento para sacar del poder a Manuel Zelaya, quien violaba la Constitución.
“Las visas fueron erróneamente revocadas en una política equivocada de respaldar al gobierno pro-Chávez del expresidente Manuel Zelaya”, denunció en un comunicado Connie Mack, quien dirige la subcomisión para América Latina de la Cámara.
Una de las personas que se llevó una amarga experiencia con la anulación de su visa fue el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, quien en 2009 viajó a ese país, pero no se le permitió ingresar porque se le comunicó que ese documento estaba cancelado.
Facussé iba acompañado de su hijo menor para una revisión médica y al reportarse ante el personal de Migración del aeropuerto de Miami se le informó que no podía entrar a suelo estadounidense porque su visa estaba cancelada, por lo que tuvo que volver al país con su vástago.
