Las maras y las pandillas se han infiltrado en las aulas de clases de muchos colegios capitalinos.
Los relatos de directores de estos centros educativos así lo evidencian.
La gravedad de esta situación es tal que, incluso los estudiantes amenazan a los docentes para que no los reprueben en las asignaturas.
En un inicio los maestros no cedían ante esas pretensiones, lo que motivó que personas desvinculadas de los centros educativos llegaran a amenazar a los profesores.
Al final, los mentores, a fin de garantizar su integridad y la de su familia, han tenido que ir cediendo ante las presiones de las redes criminales que ahora deambulan en los centros escolares.
Las autoridades educativas ven con preocupación este flagelo y han lanzado el llamado de alerta.
De acuerdo con Glenda Rivera, directora departamental de Francisco Morazán, solo en este departamento hay unas 300 escuelas y colegios bajo amenaza
de los mareros.
Lo que desconocía Rivera era que estas pandillas reclutaban a los estudiantes más vulnerables socieconómicamente hablando.
El director del Instituto Técnico Honduras, Nelson Cálix, compartió que en una ocasión una persona externa al colegio, presuntamente vinculada con las maras, llegó al centro a exigir que se promoviera a todos los alumnos de un mismo curso.
Aparentemente esta persona tenía amistades con varios de los alumnos que, al parecer tenían serios problemas con las asignaturas, es decir, estaban reprobados.
El reflejo de la sociedad
Cálix analizó que esto es simplemente el reflejo del nivel de descomposición que atraviesa la sociedad.
Recordó que antaño los docentes tenían la potestad de castigar a los estudiantes, pero ahora, existe demasiada libertad y muchos apelan a los derechos del niño, lo que de cierta forma ha invertido los papeles.
Algunos centros escolares han optado por tener a militares resguardando sus instalaciones, para ofrecer mayor seguridad.
Sin embargo, estas medidas no atacan la raíz del problema en debate.
Consultado si estos alumnos cobraban impuesto de guerra a los docentes, Cálix dijo que “hasta la fecha no tenemos una denuncia oficial sobre eso, pero sí exigen una nota, una aprobación de una asignatura”.
Comentó que como parte de este proceso de descomposición el fenómeno del “bullying” ha crecido enormemente en los últimos años.
“Antes los alumnos se escondían para molestar, pedirles dinero o quitarle la burrita o la merienda a otros estudiantes, pero ahora lo hacen enfrente de los maestros”, lamentó el director.
Proyecto de reubicación
El ministro de Educación, Marlon Escoto, compartió que la inseguridad en los centros escolares ha obligado a esa Secretaría a implementar un programa de reubicación docente.
El funcionario amplió que ya se han traslado a “familias completas” debido a las amenazas que reciben los docentes.
Señaló que estas reubicaciones se ha realizado en los departamentos de Olancho y Colón.
Francisco Morazán es otro de los sectores donde mayor golpea este flagelo.
Según los datos de Educación, cerca de mil profesores han solicitado traslados, es decir cambio de escuela o colegio.
El problema que enfrenta Educación es que no puede dar una respuesta a todas estas peticiones.
Primero, porque no están instaladas las Juntas de Selección Docente, que según el Estatuto del Docente es el único órgano facultado para aprobar esos traslados.
Y segundo porque el sistema no podría absorber esa cantidad de traslados.
De momento, las autoridades educativas ofrecen traslados temporales a los casos de extorsión y amenaza más graves.
De acuerdo con las informaciones de Educación, muchos maestros pagan extorsionadores de fuera del centro escolar, entre 500 y mil lempiras semanales.
El docente que se rehusa a pagar es golpeado, en el caso de los varones, mientras que las mujeres son secuestradas y violadas, según la directora departamental de Francisco Morazán.
