La Policía hondureña volvió a ser descalificada ante su mala organización, los alarmantes índices de corrupción con que ha venido operando y su vinculación con bandas del crimen organizado y el narcotráfico.
EL HERALDO
tuvo acceso de manera exclusiva al informe elaborado en febrero pasado por los miembros del escuadrón Carabineros de Chile que confirma los niveles de corrupción que impiden a la Policía dar respuesta al combate del delito.
El diagnóstico, entregado el pasado 24 de abril al presidente Porfirio Lobo, revela que existen una serie de factores externos e internos que afectan a la Policía Nacional y que demandan la pronta atención del gobierno mediante una adecuada asistencia técnica.
El informe es un resumen ejecutivo de cuatro páginas que fue elaborado a petición del gobierno de Honduras ante la presión popular de la ciudadanía luego de confirmarse la participación de miembros de la Policía en delitos como asesinato, robo de vehículos, secuestros y extorsiones, entre otra serie de actividades vinculadas al crimen y el narcotráfico.
El documento en poder de EL HERALDO establece que la Policía hondureña opera “con un marco legal y reglamentario deficiente, con urgentes necesidades de diseñar e implementar un plan estratégico y otro de desarrollo institucional”.
Asimismo indica que el cuerpo encargado de la seguridad “funciona en un contexto de crecientes demandas y críticas ciudadanas ante los elevados niveles de corrupción, criminalidad y violencia, y una capacidad técnica disfuncional a la necesidad de dar respuesta al combate del delito”.
El diagnóstico señala que la Policía hondureña tiene la urgente necesidad de mejorar la “administración y gestión interna, promoción y remoción de personal, formación y doctrina institucional”.
Dicho documento fue elaborado por tres agentes: el general inspector en situación de retiro Samuel Cabezas; el coronel Juan Carlos Castro y el teniente coronel Sergio Alarcón, enviados al país por la policía de Carabineros de Chile.
Factores
Los expertos establecieron que, mediante las entrevistas personales realizadas y el análisis de fuentes tanto abiertas como cerradas, la visita exploratoria a Honduras permitió relevar factores tanto externos como internos que afectan a la Policía Nacional y en torno a los cuales deberían dirigirse los componentes de trabajo y asistencia técnica.
Entre los factores externos mencionan la deslegitimación de la Policía por parte de la comunidad hondureña, una deficitaria normativa legal y reglamentaria regulatoria de la Policía, la vulnerabilidad de la situación socioeconómica del país, una ubicación geopolítica permeable a las actividades delictuales y crimen organizado y un enfoque incorrecto a los efectos y no a las causas estructurales del problema de la seguridad ciudadana, que sí cuenta con un importante apoyo nacional e internacional.
Otros de los factores externos planteados son los esfuerzos que debe realizar el gobierno para consolidar un proceso de modernización del Estado, con planificaciones de mediano y largo plazo en materia de seguridad ciudadana, la declaración de voluntad de los poderes del Estado y de la sociedad hondureña en la necesidad de promover un cambio en materia de corrupción, violencia e impunidad en el país, en general, y en la Policía, en particular.
También establece la necesidad de la promulgación de una ley orientada a la depuración del personal en las principales instituciones vinculadas al control del delito, en especial la Policía, y señala los altos niveles de criminalidad, corrupción y, sobre todo, violencia que se viven en el país, en general.
Es de mencionar que el pasado viernes el presidente Porfirio Lobo sancionó la Ley Especial para la Depuración de la Policía, que tiene como objetivo declarar en emergencia el sistema policial por un periodo de 180 días a efecto de impulsar de manera acelerada la limpieza de dicha institución.
Problemas
Entre los factores internos que afectan el funcionamiento de la Policía, el informe de Chile destaca la ausencia de un plan estratégico institucional que recoja la misión encomendada a la Policía.
La institución policial también carece de programas, planes y estrategias que se encuentren alineadas a la visión dada por el artículo 293 de la Constitución de la República y además no cuenta con una planta legal que motive el desarrollo de la carrera policial y que genere condiciones ideales de ingreso, remoción y retiro y que ayude a atacar más eficientemente la corrupción, por un lado, e incentivar la capacitación, perfeccionamiento, especialización y doctrina del personal de la Policía, revela el informe.
Asimismo, señala la existencia de una normativa legal y reglamentaria institucional insuficiente y poco funcional a la necesidad de administrar y regular los procesos internos dentro de la Policía, falta de un régimen disciplinario claro, y escasez de procesos normados en materia de administración de personal y excesivas funciones y áreas asignadas a la institución, las cuales distraen de su misión esencial, por una parte, a la vez que incrementa los flancos de posible corrupción, entre otros factores.
El informe contiene además un esquema general de asistencia técnica que Chile estaría brindando al gobierno de Honduras a efecto de garantizar el fortalecimiento de la Policía.
El apoyo iría enfocado a la formación de expertos y desarrolladores de planes estratégicos que puedan ser implementados al interior de la institución policial hondureña.
Cabe destacar que en diciembre del año anterior expertos de Colombia también presentaron al gobierno un diagnóstico sobre la situación que enfrenta la Policía hondureña y que también revela como la corrupción ha venido afectando a la institución.
