Tegucigalpa, Honduras
Con las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo a la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el gobierno expropiará los terrenos y bienes que se ubican en los alrededores de las cárceles de Honduras.
Este extremo fue revelado a EL HERALDO por el secretario técnico del Gabinete de Seguridad y Defensa, Luis Suazo.
“Estamos solicitando que en 500 metros a la redonda de los centros penitenciarios, solo el Estado puede ser dueño”, aseveró Suazo.
En pocas palabras: nadie podrá establecerse en los alrededores de los centros penales del país.
Para poner en marcha esta acción, el gobierno hará uso de la Ley de Inversión en Infraestructura Pública, mediante la cual se podrá establecer la expropiación de los terrenos alrededor de las cárceles.
Con este mecanismo, el Estado pagará un justiprecio a las personas naturales y jurídicas dueñas de terrenos, viviendas, planteles y edificios, entre otros, aledaños a los centros penitenciarios.
Asimismo, se regirá bajo las condiciones establecidas en la misma Constitución de la República.
Por ejemplo, si una persona natural o jurídica tiene un terreno, vivienda o edificación a menos de 500 metros de una cárcel, el Estado a través de mecanismos legales expropiará este bien.
Con esta acción, el Estado pretende controlar los centros penales para evitar que desde su interior se siga ordenando el cobro de la extorsión, crímenes, secuestros y otros delitos.
Este proyecto se pretende utilizar en las 25 cárceles activas que hay a nivel nacional, confirmó Suazo.
A lo interno de estas reformas a la Ley del IPN va establecido un párrafo que define el futuro de las cárceles que se encuentran construidas en zonas urbanas.
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“Las cárceles que están en sitios urbanos serán trasladadas a lugares aislados”, expresó Suazo.
Es decir que serán trasladados a una ubicación geográfica donde el INP pueda ejercer el control externo e interno de las cárceles.
Externamente se pretende establecer rigurosos anillos de seguridad para evitar que las visitas traten de ingresar objetos a los centros penales.
De acuerdo con el secretario técnico de Defensa y Seguridad, esta medida ayudará a tener un mejor control y manejo de los centros penitenciarios de la nación.
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Para llevar a cabo este procedimiento el Congreso deberá adicionar varios artículos a la Ley del INP.
“Son artículos nuevos”, confirmó Suazo.
Este proyecto ya está en manos del Poder Legislativo y comenzará a ser discutido en el transcurso de esta semana para su aprobación.
Esto significa que dependerá de la determinación de los diputados si se define finalmente esta medida.
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Las reformas
La semana anterior el Poder Ejecutivo envío un paquete de reformas al Congreso Nacional. En ellas se pretende reformar varios artículos de la Ley del Instituto Penitenciario para tener mayor control de los centros penales del país.
Además se plantea reformar el Código Penal para endurecer los castigos por el delito de la extorsión, aceptar en juicios la prueba anticipada, la revisión de la figura de la preliberación, la inculpabilidad para los operadores de seguridad en casos de que causen lesiones en cumplimiento del deber, así como la revisión de la Ley Especial Sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas para que las compañías de telefonía tengan una mayor cooperación con la autoridad, entre otras.
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